El notable incremento del desarrollo industrial y económico experimentado en las últimas décadas a escala comunitaria, estatal y autonómica, no ha incidido claramente en una mejora de la calidad de vida y de bienestar social, en buena medida porque ha originado un continuo aumento en la cantidad de residuos. Son más de 3 millones de toneladas la cantidad de residuos peligrosos (RP) que se generan cada ańo en Espańa, de las que sólo una mínima parte recibe una gestión ambientalmente correcta.

Si a los RP sumamos los de origen minero (11,5 millones t/ańo), la cifra es ya de 14,5 millones de toneladas, es decir, 350 kg al ańo por habitante. Además, el hecho de que haya 14 planes autonómicos de gestión de RP, hace materialmente imposible llevar a cabo una coordinación eficaz en la gestión. La Comisión Europea ha incoado, en octubre de 2003, un procedimiento de infracción contra Espańa por incumplimiento de la legislación de la UE sobre la gestión de residuos, RP y vertederos.

Gestión muy deficiente

La penosa situación de la gestión de los RP en el Estado espańol queda reflejada en las reflexiones que el anterior Ministerio de Medio Ambiente apuntaba en el Borrador del Plan Nacional de Residuos Peligrosos 2002-2008, tan celosamente guardado: inadecuada gestión ambiental de los RP; deficiente control administrativo; insuficiente nivel de reutilización, valorización, reciclado, utilización como materiales de segundo uso de esos residuos o como materias primas secundarias; limitado uso de sistemas y tecnologías tendentes a la reducción del volumen de residuos generados; escasez de instrumentos económicos, financieros o fiscales aplicados a la gestión; infraestructuras insuficientes y obsoletas, etc.

Toda política de minimización de residuos tiene que implicar un esfuerzo organizado, sistemático, comprehensivo y continuado para reducir la generación de RP. Hasta ahora los Planes y Programas de RP han sido más un compendio de infraestructuras de gestión que iniciativas de minimización de residuos, ganando la eliminación sobre la prevención por goleada. Los empresarios, salvo contadas excepciones, no entienden la producción limpia como un factor decisivo para la eficiencia, la productividad y la competitividad de sus productos, sino como una mera imposición legal; en otros casos es el desconocimiento de las normas y las leyes lo que explica su retraso.

Existe una competencia feroz por la captación de residuos que se traduce en precios irrisorios a la baja, reveladores de una pésima o nula gestión. La Administración tiene que velar por la transparencia y evitar el dumping entre gestores de residuos. La existencia de vertederos baratos es un factor disuasorio para el reciclaje y la recuperación, por lo que no queda más alternativa que encarecer el vertido, o prohibirlo cuando no cumpla los requerimientos legales.

La situación es tan grave que el Dictamen europeo de noviembre de 2003 sobre prevención y reciclado de residuos reconocía la “necesidad de una gestión minuciosa para evitar la infiltración de una mafia ecológica que suele encontrar en este sector uno de los terrenos abonados para actuar, causando grandes dańos al medio ambiente”.

Lo primero, prevenir

La estrategia comunitaria para la gestión de residuos otorga a la prevención de los residuos la máxima prioridad, seguida de la reutilización y la valorización y, en última instancia, la eliminación segura. La reducción ha de referirse no sólo a la cantidad sino también a la peligrosidad. Lógicamente, estos compromisos tendrán en cuenta el crecimiento industrial, para que lo que disminuya sea la intensidad en la liberación de residuos por unidad de producción, es decir, que para producir lo mismo, se emitan menos descargas contaminantes. Esta ecoeficiencia se alcanza mediante la reducción paulatina del consumo de materias primas no renovables y de energía, con el desarrollo de procedimientos ecológica y económicamente eficientes, la minimización de la contaminación del agua, suelo y el aire, y la optimización de la prevención de riesgos.

Necesitamos contar con Juntas de Residuos que sean las que garanticen la ejecución de las estrategias de los planes y también la existencia de organismos que vigilen la adopción de las mejores tecnologías de tratamiento y que impulsen una producción más limpia.

Los planes de prevención y gestión de RP que apoyemos los ecologistas deben fijarse horizontes temporales para darles adecuada solución, siguiendo la prioridad y jerarquía comunitaria de RP. La incineración de residuos debe ser descartada, no por considerarla tabú, sino porque no ha resuelto los problemas ambientales que genera y además desincentiva las alternativas de prevención de residuos. En el caso de los RP de naturaleza orgánica (disolventes orgánicos, plaguicidas, cianuros, hidrocarburos clorados, PCB, pinturas, barnices…) jamás deben ser llevados a vertedero, ni siquiera previa estabilización.

Hay que aplicar las Mejores Técnicas Disponibles no solamente en las industrias que generan residuos peligrosos (para poder prevenirlos), sino también en las que los gestionan (para garantizar su reciclado). Los planes de minimización de residuos que exige el R.D. 952/1997 y la aplicación de la Directiva de Vertederos han de permitir conseguir logros en cuanto a reducir la cantidad y la peligrosidad de los residuos generados, de forma que no se vierta ningún residuo que sea susceptible de aprovechamiento.

Si consideramos necesaria la existencia de infraestructuras de gestión de RP, forzosamente han de ir acompańadas de medidas de minimización: reducción, reutilización y reciclaje. Los compromisos de prevención no pueden quedarse en meras recomendaciones, sino que tienen que asumir objetivos de reducción cumplibles y verificables. Se trata, en definitiva, de cerrar los ciclos y disminuir los flujos de materiales, reduciendo los residuos finales.

El movimiento ecologista no ha superado la fase de rechazo a las infraestructuras de tratamiento de residuos peligrosos. Sin embargo, no es correcto plantear sin más una moratoria a toda planta de gestión de RP. Así como a nadie se le ocurre rechazar las depuradoras de aguas residuales urbanas hasta que las ciudades sean ecológicas y sostenibles, los movimientos sociales no deberían seguir manteniendo una oposición a sistemas de tratamiento de RP ambientalmente intachables porque las industrias no implanten la producción limpia, porque la basura tóxica sigue aumentando, llevándose a vertederos inaceptables, a bajo coste y con una nula garantía ambiental. Debe existir una simultaneidad en la adopción de compromisos de minimización y en la creación de infraestructuras de tratamiento.

Daniel López Marijuán. El Ecologista nº 41