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Alegaciones al proyecto de Plan Integral de Residuos 2010

Dentro del plazo establecido por la Conselleria de Medio Ambiente a las “personas interesadas” Ecologistas en Acción ha presentado las alegaciones al proyecto de Plan Integral de Residuos 2010 y ha solicitado su devolución y la redacción de un nuevo proyecto que sea compatible con la normativa vigente. La principal finalidad del PIR 2010 es la justificación de la construcción de cómo mínimo 3 ó 4 plantas incineradoras de RSU distribuidas por el País Valenciano de “forma estratégica” que quemen una parte importante de los rechazos de las plantas de tratamiento y reciclaje.

Ha sido una oportunidad perdida de introducir racionalidad en un tema que está al borde del colapso y de explorar otros sistemas de gestión de los residuos (recogida puerta a puerta, gestión comarcal de los residuos, plantas de compostaje comarcales o locales, etc), y sobre todo de introducir actuaciones efectivas en la prevención y minimización en la creciente generación de residuos. El PIR 2010 es un documento autocomplaciente con la política seguida por la Administración valenciana en los últimos 13 años, donde la gestión de los residuos no ha tenido ninguna prioridad, que nos ha llevado a la actual situación (retraso en la construcción de las instalaciones previstas en el PIR 97, basuras que viajan centenares de km de una zona a otra para su tratamiento o vertido o que se llevan a otras Comunidades Autónomas, vertederos que se colmatan antes de tiempo, plantas de reciclaje con unos rendimientos de recuperación bajísimos, etc) y que es uno de los principales problemas ambientales del País Valenciano. Los 243.000 euros que ha costado su redacción, adjudicada a la consultora IMEDES en noviembre de 2006 son un desperdicio, pues únicamente para justificar esas plantas incineradoras, que son la principal novedad de este PIR 2010 y su única razón de ser, no hacía falta ese despilfarro de dinero.

El PIR 2010 incumple de forma clara las leyes sectoriales vigentes como la Ley 10/2000 de Residuos, ya que no incluye una memoria económica o un presupuesto, que aborde el coste de las inversiones necesarias para ejecutar ese Plan. También incumple la Ley estatal 10/1998 de residuos, pues no determina la ubicación del depósito de seguridad previsto para los residuos industriales peligrosos. Igualmente incumple la Directiva 2008/98/CE, pues no impone objetivos de reutilización y reciclaje, que igualen o superen los establecidos a nivel europeo (antes de 2020 deberá reutilizarse o reciclarse como mínimo el 50% en peso de los siguientes materiales presentes en los RSU: papel, metales, plástico y vidrio). El Programa de Prevención presentado como anexo no puede considerarse como un verdadero programa que proponga medidas efectivas para minimizar la generación de residuos. Ni tan siquiera el PIR 2010 limita la utilización de las bolsas de plástico de un solo uso. Tampoco se hace eco de los objetivos que a nivel estatal impone el Plan Nacional Integrado de Residuos 2008-2015 que el Gobierno Zapatero aprobó en diciembre de 2008.

Con este PIR 2010 la situación de los residuos en el País Valenciano se dirigirá al colapso más rápidamente sin duda y la instalación de incineradoras de RSU no solucionará ese problema ambiental sino que lo agravará. La ubicación de esas instalaciones, que producirán un aumento de la contaminación atmosférica y problemas de salud a los habitantes próximos, se decidirá por el Consell de la Generalitat, que será sin duda una imposición antidemocrática, pasando por encima de las competencias municipales y la segura oposición de la población residente, dado que la incineración de la fracción de rechazo de los RSU será declarada por Ley “servicio público de titularidad autonómica”.