Marbella: Acción ecologista en el paraíso de la especulación

Javier de Luís, Ecologistas en Acción de Marbella

En julio de 1991, un partido compuesto principalmente por conocidos constructores e inmobiliarios, comandados por un boceras profesional llamado Jesús Gil, toma el poder en el Ayuntamiento de Marbella (19 concejales de 25 que tenía el pleno). Se culmina un proceso de asalto a un Ayuntamiento arruinado políticamente pero rico en dinero y recursos, sobre todo suelo. Marbella tiene 114 km2 de los que el 38% estaban urbanizados, en especial en la franja costera, de más de 25 km.

En el primer pleno del Ayuntamiento, en agosto de ese año, se aprueba la realización de una revisión del PGOU, en la que esos constructores e inmobiliarios sencillamente se repartieron el pastel. Ecologistas en Acción, entonces Aedenat, se gesta en Marbella a finales de 1990, y mientras los especuladores afilaban la navaja, algunos ecologistas empezamos a cavar la trinchera, un poco ajenos a la magnitud de lo que nos esperaba.

Inicialmente el trabajo de Ecologistas en Acción de Marbella (Ecologistas en Acción de M) se limita a promover reforestaciones, denuncias por vertidos, lucha contra la contaminación, educación ambiental, etc. En 1993 empezamos a trabajar más en serio el asunto urbanístico, dada la magnitud de lo que se proponía en la revisión del PGOU: el aumento del suelo urbanizable hasta el 65% del total del suelo municipal, sin apenas equipamiento y con escasa infraestructura.

La puesta en marcha con convenios y licencias de esta revisión aún antes de ser aprobada por la Junta de Andalucía, obliga a Ecologistas en Acción de M a iniciarse en el correoso mundo del delito contra la ordenación del territorio. En Marbella, igual que en muchos otros lugares, la fortaleza de la especulación urbanística ha sido capaz no sólo de ocupar y controlar un Ayuntamiento, sino de vaciar de contenido y de eficacia todos los mecanismos de control. A las ambigüedades, cuando no complacencia, de la Junta de Andalucía, Fiscales Generales del Estado, CGPJ, Ministros de Justicia, Consejeros de Justicia de la Junta de Andalucía, etc. hay que sumar la ausencia cómplice de control de los registradores de la propiedad, la de Hacienda, la de los notarios o la de los bancos –que no han dudado en conceder créditos hipotecarios a compradores y créditos a los constructores, y eso cuando no eran ellos mismos los que construían las edificaciones ilegales–.

Desde 1995 Ecologistas en Acción de M ha presentado en sede administrativa y judicial mas de 300 denuncias por delitos contra la ordenación del territorio, un trabajo de años en la más absoluta soledad, enfrentándonos a una maquinaria poderosa, que no sólo contrataba a expertos bufetes de abogados, sino que controlaba a jueces, fiscales, políticos autonómicos, registradores, notarios y a una eficaz estructura social atada a los beneficios e intereses que generaba esta corrupción. Las infinitas posibilidades que da la lentitud de la justicia en nuestro país, ha hecho que una legión de abogados, jueces y fiscales hayan enterrado en recursos buena parte del trabajo concienzudo y comprometido de Ecologistas en Acción de M.

Hoy la Marbella que sale en los medios es el eficaz resultado de la que se dibujó en los despachos del GIL a finales de los años 80: unas 30.000 viviendas ilegales, sólo un colegio publico construido en 15 años, ningún centro de salud (hay 3 para una población de hecho que supera las 250.000 habitantes de media), apenas 2 m2 de zona verde por vecino, un servicio de transporte público ridículo, un consumo de agua que supera los 500 litros por persona y día, con una red de distribución que pierde más de 30 litros de cada 100. Y, siguiendo con esta significativa relación de datos oficiales, la construcción de sólo 300 viviendas de protección oficial en 15 años, más del 65% de suelo urbanizado, y todo ello frente a una deuda insoportable, grandes cantidades de dinero sin justificar, o situaciones como que un tal Juan Antonio Roca, que ha gestionado el departamento de urbanismo, de estar en el paro en 1992 haya pasado a tener un patrimonio que supera los 400.000 millones de pesetas.

Lo que se presentaba en 1991 como una gestión empresarial moderna, generadora de puestos de trabajo, con un desarrollo sostenible, etc. ha acabado con tres alcaldes en la cárcel, 30 concejales imputados –20 de ellos en ejercicio de su cargo–, y una operación llamada MALAYA, que ha supuesto lo que muchos y especialmente Ecologistas en Acción de M ha venido solicitando desde hace años, la disolución del Ayuntamiento de Marbella.

Pero no podemos aceptar el conformismo de una clase política enfangada en sospechas de corrupción. Hemos matado al perro pero en absoluto hemos acabado con la rabia: la intervención de la Fiscalía anticorrupción en Marbella apenas es un pequeño contratiempo para los especuladores.