En tres meses las naciones del mundo tendrán que dar un nuevo paso para frenar el cambio climático, y deberá ser un paso grande, mucho más ambicioso que el Protocolo de Kioto. Cada vez está más claro que las consecuencias de la alteración del clima no son asumibles por ningún país, incluso por uno tan desarrollado como el nuestro, y por ello hay que reducir sustancialmente las emisiones de gases de efecto invernadero, y pronto.

Área de Energía de Ecologistas en Acción. El Ecologista nº 62

La guía para establecer el grado de reducción debe ser el mejor asesoramiento científico disponible, el del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (siglas en inglés, IPPC), cuyo criterio es que las emisiones globales hacia 2050 tienen que ser la mitad de las de 1990. Y también que los países industrializados deberían reducir sus emisiones entre el 25 y el 40% para 2020, tomando como referencia los niveles de 1990, para llegar a mitad de siglo a reducciones del 80%.

40% de reducción interna en 2020

Evitar un aumento peligroso de la temperatura del planeta con una probabilidad aceptable viene a significar que la concentración de CO2 en la atmósfera se estabilice en 350 ppm como mucho [1]. Propósito que necesita una pronta y decidida actuación de los países industrializados para que sus emisiones en 2020 sean un 40% inferiores a las de 1990. Esta reducción ha de alcanzarse íntegramente en el territorio de cada país (ser interna), sin recurrir a la compensación por inversiones en otras naciones.

La compensación de emisiones, es decir, la compra por un país de reducciones llevadas a cabo en otros, no puede formar parte del objetivo de reducción obligatoria, sino ser adicional a él. Y esto porque los mercados de carbono retrasan la transformación de las sociedades de los países industriales hacia la reducción permanente de emisiones mediante inversiones en cambios tecnológicos (p. ej. generación con renovables y técnicas eficientes) y concienciación social y política que conduzca al ahorro de energía y contención del consumo. Si los países que tienen capacidad de inversión no apuestan por tecnologías renovables y eficientes, éstas nunca se abaratarán lo suficiente como para permitir al resto de países más desfavorecidos aumentar sus oportunidades para alcanzar una calidad de vida digna sin depender de los combustibles fósiles y acelerar el cambio climático.

Más adelante, a mitad de siglo, sería necesario conseguir un balance de emisiones cero, es decir, además de la reducción propia, habría que acudir a compensar las que sean inevitables con inversiones en otros países donde sea factible reducir más.

Conociendo lo lejos que ven los políticos toda fecha que vaya más allá de sus periodos de mandato, en Copenhague tendría que asegurarse el camino hacia 2020 estableciendo además un objetivo intermedio para los cuatro años siguientes al término del Protocolo de Kioto, en concreto una reducción del un 23% entre 2013 y 2017 para los países desarrollados.

Aun teniendo muy presente la diferencia de responsabilidad en la creación del problema, resulta necesario que los países recientemente industrializados (China, India, Brasil…) cambien la evolución actual de sus emisiones en los próximos decenios. No se trata de pedir una reducción sobre 1990 pero sí de que se amortigüe su ritmo de incremento. Pero por ahora ni China, ni India, ni Brasil quieren aceptar limitaciones en su consumo de combustibles fósiles pues, siguiendo el viejo modelo de desarrollo del siglo XX, lo consideran ligado al crecimiento del bienestar.

China es ya el primer emisor mundial e India no está muy lejos. Comparadas con las de países ricos, sus emisiones por habitante son casi ridículas pero no pueden aumentar hasta equipararse a las nuestras sin acarrear desastres climáticos. Por ello es tan importante que las antiguas potencias industriales reduzcan drásticamente sus emisiones per cápita y faciliten el acceso a tecnologías energéticas no emisoras y renovables al resto del mundo. Esta obligación está enunciada en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático del año 1992, aceptada incluso por EE UU.

En la reunión de Copenhague, además de nuevos objetivos de reducción, son temas especialmente importantes la financiación para la adaptación (entendida como defensa de los impactos del cambio climático actuales y futuros, en los países no industrializados o recientemente industrializados); para la transferencia de tecnología eficiente y renovable a esos países, y para poner freno a la deforestación.

La crisis como coartada

La verdad es que hoy por hoy los vientos que corren hacia Copenhague no son favorables a estas posiciones, y la crisis económica fácilmente se convertirá en la coartada para no adoptar medidas suficientes para frenar el cambio climático. En la reunión preparatoria de Bonn, el pasado junio, las propuestas barajadas suponen una reducción conjunta de entre 16 al 24% para 2020.

La Unión Europea presentó una propuesta de reducción del 30% para 2020, Noruega otro tanto, Australia un 24%, Islandia un 15% … y Japón un vergonzoso 8% (su compromiso actual es del 6%). La llegada de Obama a la Casa Blanca ha significado un cambio cualitativo en la política americana sobre cambio climático, pero no cuantitativo. Para 2020 parecen barajar un objetivo semejante al que habían aceptado inicialmente bajo el Protocolo de Kioto, y así no es creíble que lleguen a disminuir sus emisiones un 80% treinta años después.

Falacias del mercado de carbono

Hay una preocupante recurrencia a la idea del mercado de carbono como ente capaz de proveer gran parte de los recursos necesarios para frenar las emisiones de los países empobrecidos, incluso para la adaptación al clima cambiante. Parece que se quiere ignorar que los actores principales de ese mercado son los beneficiarios de la situación actual, y que están poco dispuestos a proporcionar esos recursos. La compensación de emisiones de los Estados enriquecidos y sus empresas mediante proyectos en terceros países, el Mecanismo de Desarrollo Limpio, puede tener un papel adicional a la reducción nacional en la lucha para frenar el cambio climático. Ahora bien, sería necesaria una profunda reforma [2] que incluya el rechazo a la comercialización de reducciones de emisiones que corran el riesgo de no ser permanentes, de estar ya reguladas por otra legislación diferente a Kioto (o su sustituto a partir de 2013), o que causen daños ambientales mayores. En particular resultan rechazables los proyectos basados en energía nuclear, eliminación de compuestos fluorados (típicamente HFC23), grandes instalaciones hidroeléctricas, forestación y deforestación, y proyectos de captura y almacenamiento geológico de CO2.

Cabe preguntarse, en todo caso, cómo ese interés comercial puede alcanzar a los países menos desarrollados y más vulnerables. La financiación que necesita la adaptación de los más empobrecidos tendrá que salir de las arcas públicas de los países enriquecidos, en correspondencia con su responsabilidad en el problema, sin competir además con la obligación de dedicar el 0,7% del PIB al desarrollo sostenible.

La cuestión de la financiación es central. Se necesitará mucho dinero para transformar un mundo que depende en un 80% de los combustibles fósiles. Por eso en el acuerdo de Copenhague debe concretarse la aportación de los fondos públicos necesarios y establecer que la propia Convención de Cambio Climático de Naciones Unidas sea la reguladora y supervisora de la distribución de los flujos financieros.

Una tarea ingente

La tarea de la Cumbre de Copenhague es ingente. Si se echa un vistazo atrás, a la Conferencia de 1997 en Kioto, cuando se negoció el primer protocolo de reducción de emisiones, es descorazonador pensar que hasta 2005 no entró en vigor. Porque es una década el tiempo de que disponemos para curvar el actual aumento mundial de emisiones y convertirlo en un descenso muy acusado. Si lo dejamos por más tiempo, se puede convertir en un objetivo demasiado difícil, en cuyo caso la gravedad del cambio climático, y sus consecuencias, sería extrema.

Pero a diferencia del año 1997 las evidencias del cambio climático son hoy mucho mayores, y también el conocimiento del público. Tenemos, por tanto, ante nosotras, las sociedades de los países enriquecidos, un gran reto: abrir múltiples brechas en los muros levantados por los sectores económicos, empresas y países petroleros, que controlan y se benefician del sistema actual. Los movimientos sociales activos, y sobre todo el movimiento ecologista, deben ser capaces de movilizar a la ciudadanía y presionar a los políticos y administradores (por encima de la presión habitual que ejercen los sectores económicos, empresas y países petroleros) para que se pueda lograr un acuerdo satisfactorio en poco tiempo. Un acuerdo cuyo mensaje inmediato sea que la economía del CO2 no tiene cabida en el siglo XXI.

Los impactos del cambio climático en el Estado español [3]
El clima está cambiando en nuestro país. La temperatura media ha subido 1,6ºC en los últimos cien años. Preocupante, pero las previsiones para el futuro son mucho peores: el aumento de temperatura en verano puede llegar a 5ºC a mitad de siglo y hasta 7ºC en el último tercio en el interior de la península. Las olas de calor serán más frecuentes en intensidad y duración en los próximos años. Es de esperar, por lo tanto, un aumento de la morbi-mortalidad causada por éstas, sobre todo entre los mayores de 65 años.

En cuanto a las precipitaciones, nos tocará una reducción significativa, que será mayor en primavera. En regiones semiáridas las aportaciones pueden reducirse hasta un 50% sobre el potencial actual. Las cuencas del Guadiana, Canarias, Segura, Júcar, Guadalquivir, Sur y Baleares sufrirán una severa disminución de caudal y mayor variabilidad interanual. Estas zonas son precisamente aquéllas donde en la actualidad se presentan los mayores problemas de abastecimiento de agua.

La agricultura no seguirá un patrón uniforme en reacción al cambio climático. En algunas zonas bastará inicialmente con un cambio en las fechas de siembra o el tipo de cultivos, pero las implicaciones para los frutales, olivares y vid son de temer. Las tendencias observadas atribuibles al cambio climático apuntan a un descenso de la productividad de los secanos y pastos por el aumento del estrés hídrico y las rachas de sequía, así como el aumento de la vulnerabilidad de los frutales por el adelanto de la floración, debido a las heladas tardías. También se espera mayor incidencia de diversas plagas agrícolas, cuya distribución y alcance pueden variar sobre lo que hoy conocemos, y problemas de salinización en los suelos.

Cambios en los mares

El nivel de los mares aumenta sobre todo a causa de la dilatación térmica del agua. En la Península para fin de siglo se prevé un aumento de unos 50 cm en el nivel del mar, con 1 m como escenario más pesimista. Esto podrá causar pérdidas de un número importante de playas, sobre todo en el Cantábrico. Buena parte de las zonas bajas costeras se inundarán (deltas del Ebro y Llobregat, Manga del Mar Menor, costa de Doñana), parte de las cuales puede estar construida. Los efectos de las tormentas serán mayores por la proximidad del mar. Y también la salinización de los acuíferos costeros con la consiguiente pérdida de valiosos recursos hídricos.

Se esperan notables cambios en la distribución de las especies marinas, con el consiguiente impacto en la economía pesquera. El calentamiento del agua estimula la expansión de especies invasoras, como el erizo marino o las medusas, lo que a su vez se ve favorecido por otros procesos de degradación de los ecosistemas marinos.

Por otro lado, la elevación del nivel del mar amenazaría la localización actual de determinados asentamientos turísticos y de sus infraestructuras. La franja costera recibe el 80% del turismo del país, lo que representa el 8% del PIB, pero la escasez de agua, los problemas de la calidad de este recurso y las olas de calor, cada vez más frecuentes e intensas, junto con fenómenos como la presencia de medusas en las costas, pueden provocar reducciones considerables del turismo estival.

A estos impactos habría que añadir la extensión geográfica a nuestro país de enfermedades infecciosas y parasitarias, causadas por vectores adaptados a sobrevivir en climas más cálidos y más secos. Entre las enfermedades vectoriales susceptibles de incrementar su incidencia en España, se hallan algunas transmitidas por mosquitos (dengue, enfermedad del Nilo Occidental, malaria) o garrapatas (encefalitis).

Otra de las consecuencias del cambio climático será la pérdida de hábitat para muchas especies. Se están produciendo desplazamientos de animales y vegetales en altitud o hacia zonas más septentrionales por la mayor benignidad del clima. Pero esta dispersión pude ser dificultada por la fragmentación actual del territorio. Si no pudieran dispersarse libremente, colonizando los nuevos hábitats potenciales, la mayoría de ellas verían seriamente reducido su espacio vital y más de la mitad podrían llegar a encontrarse en situaciones de vulnerabilidad, en peligro o abocadas a la extinción. Como ejemplo, aún en el caso de que se limite el aumento de temperaturas a dos grados sobre la época preindustrial para los próximos 30 años, las mariposas perderían el 80% de su hábitat. Además, algunas especies podrían llegar a desaparecer, ya que a partir de 1.600 metros tienen serios problemas de supervivencia y el cambio de vegetación que se produce a esas alturas puede hacer que no cuenten con la alimentación necesaria.

En lo que respecta a los vegetales, en muchos de ellos, sobre todo en los árboles, disminuirán sus posibilidades de supervivencia a causa de la menor disponibilidad de agua. Los bosques serán gradualmente reemplazados por matorrales que consumen menos agua y toleran mejor la sequía.

Estas previsiones muestran la tendencia de los cambios en España, que se presentan más severos que los del norte europeo. Frenar el cambio climático significa limitar el alcance de los daños. Cuantos más gases de efecto invernadero permitamos que se acumulen en la atmósfera más difícil será vivir en la Península y al contrario, cada kilo de CO2 que no produzcamos podemos considerarlo como un “daño evitado”.

Un 30% más para España
En diciembre de 2008 el Parlamento europeo aprobó finalmente, tras un año de negociaciones tanto en el Consejo como en el propio Parlamento, el Paquete de Energía y Cambio Climático 2020 de la UE. Uno de los aspectos más relevantes de dicho texto es la decisión unilateral de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 20% en 2020 en el conjunto de la UE, independientemente de los acuerdos internacionales, y de un 30% en ese mismo año en el caso de que el acuerdo internacional fuera satisfactorio.

Asimismo, se realizó el reparto de la responsabilidad de dicha reducción entre los diferentes países miembros y los sectores interesados. Para ello se utilizaron criterios diferentes a los manejados para realizar el reparto de responsabilidades del acuerdo de Kioto dentro de la UE. El resultado de este cambio de criterios no se notó significativamente en la mayoría de los casos. Sin embargo, para España sí que hubo diferencias muy notables. De hecho, mientras que bajo Kioto España podía aumentar sus emisiones un 15% respecto al año 1990 en el periodo 2008-2012, en el nuevo escenario de Copenhague 2009, y tras realizar los cálculos oportunos, se le permitiría aumentar sus emisiones un 30% en el año 2020 (en el caso de que en toda la UE la reducción fuese del 20% en ese año). Incluso en el escenario de una reducción del 30% en el conjunto de la UE, España podría seguir aumentando sus emisiones hasta un 18% respecto a 1990.

Las consecuencias de que los objetivos de cambio climático para España sean menos ambiciosos con el paso del tiempo son extremadamente graves. Mientras que los países del entorno transforman sus sociedades hacia modelos menos dependientes del carbono, España no contribuirá a la necesaria reducción de emisiones global y mantendrá de manera prácticamente indefinida su insostenibilidad, llegando tarde al imprescindible cambio de modelo.

Impactos del cambio climático en Asturias [4]

Notas

[1] Véase: ¿Por qué 2ºC?, El Ecologista, nº 54, otoño 2007.

[2] Véase: Mecanismo de Desarrollo Limpio, El Ecologista, nº 60, primavera 2009.

[3] Ministerio de Medio Ambiente: Conclusiones de la Evaluación Preliminar de los impactos en España del Cambio Climático, 2005.

[4] Basado en Fernando González Taboada: Evidencias y efectos potenciales del cambio climático en Asturias. Conclusiones Primer Informe CLIMAS 2009