Informar sobre el expolio de recursos naturales es un trabajo muy peligroso en muchos países

Rafael Jiménez Claudín , Secretario general de Reporteros Sin Fronteras-Es, editor de www.periodistas-es.org

El trabajo periodístico sobre temas relacionados con el medio ambiente no es fácil en ningún país del mundo, porque los intereses creados que presionan para esquilmar recursos naturales son lo suficientemente fuertes como para ocultar información o cegar el acceso a las fuentes de información necesarias. Pero además, hay muchos países en los que resulta muy peligroso desarrollar esta actividad, porque se pone en peligro la libertad e incluso la integridad física de los propios periodistas, fotógrafos y reporteros que se aventuran en estas materias.

Reporteros Sin Fronteras (RSF) lanzó en septiembre pasado un informe que encabezaba con algunos casos concretos: El periodista guineano Lai Baldé vive amenazado. Tamer Mabrouk, bloguer egipcio, tiene pendiente un procedimiento judicial. El periodista ruso Grigory Pasko pasó cuatro años en la cárcel. Su compañero uzbeko Solidzhon Abdurakhmanov acaba de ser condenado a diez años de cárcel. Víctima de una agresión, Mijail Beketov, periodista ruso, ha perdido una pierna y varios dedos. A Maria Nikolaeva, reportera en Bulgaria, le han amenazado con rociarla con ácido. Joey Estriber, periodista filipino, lleva desaparecido desde 2006. Son casos qué tienen en común el haber investigado temas relacionados con el medio ambiente en países donde resulta peligroso hacerlo.

Una gran parte de la sociedad relaciona los informes que presentan RSF con conflictos armados o con las mafias del narcotráfico, porque las ONG que desarrollamos esta tarea no hemos sabido explicar que la gran mayoría de periodistas que han sido agredidos en el mundo investigaban casos de corrupción, y que un gran porcentaje de esos casos de corrupción tienen relación con las agresiones contra el medio ambiente.

El informe cita más ejemplos, como el de los periodistas extranjeros que fueron expulsados de pueblos del sur de China donde se desguazan la mayoría de los ordenadores que se producen en el mundo sin control alguno. En el caso de Mijail Beketov fueron esbirros de algunos implicados en un proyecto de autopista que atraviesa un bosque los que le dejaron herido de gravedad al detectar que avanzaba en sus investigaciones.

Los ciudadanos también se equivocan cuando piensan que estos problemas se producen en países no democráticos, porque no es así. Los periodistas especializados en seguir el medio ambiente se encuentran actualmente en una primera línea para denunciar la corrupción generada por la mafia del ladrillo, y España es ejemplo de ello.

Un problema insospechado y a la vez muy doloroso para los periodistas ha sido el descubrir que quienes se sienten amenazados en su estabilidad laboral son las mismas personas a las que perjudica la obra o la industria que contamina el medio ambiente, esto es, los propios vecinos de la población local que son contratados por los que se enriquecen saqueando los recursos o envenenando el entorno. Así la lucha contra la deforestación, el combate contra las fábricas contaminantes o la denuncia de urbanizaciones ilegales resulta doblemente difícil, porque las posibles fuentes de información callan al escoger entre dos males el que consideran más alejado.

Denunciar el expolio de los recursos naturales

Las asociaciones ecologistas llevan décadas advirtiendo que los recursos naturales no son inagotables, y cuando los periodistas acuden a escuchar esos argumentos y después se empeñan en verificar los datos para poder publicarlos surge la señal de alarma en los despachos y se pone en marcha todo el potencial de comunicación que se puede hoy pagar con dinero para desviar la atención, camuflar la realidad o alejar al reportero incómodo.

Posiblemente muchos de los lectores de estas líneas estarán poniendo nombres de lugares y personas que vienen a la mente: Lúcio Flávio Pinto tiene pendientes en Brasil 33 actuaciones judiciales por informar sobre la deforestación en la Amazonia. Lai Baldé enfrenta una situación parecida en el norte de Guinea-Bissau. En Birmania la censura militar suprime cualquier referencia a la deforestación que practican empresas chinas. En Camboya, los periodistas de Radio Free Asia fueron amenazados de muerte “por la historia del bosque”.

También en Filipinas y Sumatra (Indonesia) la persecución de periodistas se produce por denunciar la deforestación, mientras que por informar sobre la destrucción del Mar de Aral, el periodista uzbeko Solidzhon Abdurakhmanov cumple diez años de cárcel porque le encontraron drogas en su domicilio.

En Brasil, a Vilmar Berna, director del diario Jornal do Meio Ambiente, en el que informaba de pesca clandestina y las amenazas que pesan sobre la fauna marina protegida de la Bahía de Río, le dejaron delante de su casa un cadáver ensangrentado, medio calcinado. Por si el mensaje no era suficiente, una voz de mujer sin identificar le advirtió por teléfono que iban a matarle pronto.

Informar sobre la contaminación

La denuncia de la contaminación es una segunda fuente de amenazas para los reporteros: en Egipto, Tamer Mabrouk, un simple bloguer, está denunciado por “difamación” después de no aceptar una oferta de responsables de la Trust Chemical Company para que retirara una denuncia a cambio de dinero, y ahora posiblemente tendrá que pagar más de 6.000 euros de multa.

Los vertidos tóxicos del Probo Koala en Costa de Marfil están silenciados porque también hay periodistas que admiten sobres mientras miran para otro lado. Los periodistas también se sienten impotentes cuando asisten a la condena de quienes les informan, como es el caso en China de Wu Lihong, encarcelado durante tres años por avisar a los medios de comunicación locales e internacionales de la contaminación que existe en el lago Taihu.

Un ejemplo de la apatía popular se da en Perú, donde la población de La Oroya, en los Andes, de 35.000 habitantes, vive permanentemente en medio de gases y metales pesados. Pero nadie oirá hablar de este escándalo porque la empresa ha puesto en marcha un sistema de vigilancia, rústico pero eficaz, mediante una red de “animadoras de la salud” que peinan la ciudad: cualquiera que hable con un periodista independiente se arriesga a perder su trabajo y sus derechos sociales. La población, miserable, ahora está en contra de una prensa que, según creen, podría hacerle perder su único medio de subsistencia. Los asalariados de Doe Run Peru han rechazado el plan de salvamento ecológico para conservar sus empleos.

Un caso emblemático en el mundo ha sido el de Grigory Pasko, un periodista ruso que trabajaba en la revista ecológica Ekologiya i pravo y estuvo veinte meses encarcelado antes de ser juzgado, y condenado después en 2001 a cuatro años de prisión incondicional por espionaje y alta traición. ¿El delito? recoger informaciones secretas y publicar imágenes de la flota rusa arrojando deshechos radiactivos líquidos al Mar de Japón.

En estas líneas he cometido la injusticia de no citar decenas de otros casos de periodistas que sufren las consecuencias de informar sobre la corrupción medioambiental, pero el objetivo es hacer público que este problema es real y que los lectores sepan lo que arriesgan sus periodistas para mantenerles informados.