Frente a la posibilidad de instalar en la Comunidad de Madrid el mega proyecto de turismo, ocio y juego Las Vegas Madrid, Ecologistas en Acción denuncia los impactos económicos, sociales y medioambientales derivados del mismo.

Hace pocas semanas saltó a los medios de comunicación la noticia de que el multimillonario estadounidense Sheldon Adelson, propietario de Las Vegas Sands Corp., había abierto negociaciones con los gobiernos central, autonómico y municipal para instalar en el territorio madrileño un enorme complejo de casinos y hoteles, con una inversión entre 15 y 18 mil millones de euros en la próxima década. El proyecto consiste en un macro complejo de ocio y juego, formado por casinos, hoteles, resorts, centros convenciones, para albergar a turistas internacionales y fomentar aún más esta actividad en la región: 36 mil habitaciones, 6 casinos, y hasta 3 nuevos campos de golf: oferta destinada en su mayoría a consumidores foráneos.

Ante esta perspectiva, la presidenta Esperanza Aguirre se adelantó a declarar públicamente que apuesta por “cambiar todas las normas que haya que cambiar” con el objeto de que el complejo se instale en la región. Según Aguirre la previsión es duplicar la cantidad de visitas internacionales que llegan a Madrid al año, alcanzando los 10 millones de turistas.

Para la puesta en marcha del proyecto, el inversor exige como punto de partida una modificación radical de las reglas de juego a los tres niveles de la Administración. Por ejemplo, el cambio del Estatuto de los Trabajadores y la Ley de Extranjería. A nivel fiscal, exige 2 años de exención total de las cuotas a la Seguridad Social y de todos los impuestos municipales, autonómicos y estatales, y pide una ley que garantice la exclusividad del negocio y otras ventajas fiscales durante los 10 próximos años. También para esta “zona franca” se deberían cambiar las leyes del Impuesto sobre Sociedad y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, del IRPF, del Juego, del Impuesto sobre Actividades Económicas o del Impuesto Municipal sobre construcciones, instalaciones y obras, entre otras.

Para el entorno, se demandan más infraestructuras (AVE, Renfe y Metro y carreteras directas hasta el complejo) y la cesión gratuita del terreno para la edificación. También se han puesto sobre la mesa otras pretensiones, como la anulación de la Ley anti tabaco y de Prevención del Blanqueo de Capitales en el interior del complejo. En definitiva, el proyecto de construir una isla en un “estado de excepción” fiscal, laboral y legal, para que un puñado de personas puedan disfrutar de casinos, golf y negocios en un entorno liberado.

Para evitar críticas y resistencias, aparece con fuerza el “chantaje del empleo”. Según Aguirre, con el proyecto se crearían más de 200 mil empleos entre directos e indirectos. Sin embargo, ni una palabra de la calidad de éstos. Se omite también que se trata de una iniciativa que utiliza recursos bienes públicos, violando abiertamente derechos laborales y recibiendo un trato fiscal que roza lo vergonzoso.

Ni una palabra tampoco de los impactos, de duplicar el flujo de turistas internacionales y con ello el flujo de aviones, las emisiones de CO2 y la contaminación del aire; los impactos devenidos de las enormes necesidades de infraestructuras, la destrucción de las condiciones naturales del entorno, o el aumento exponencial de las necesidades de recursos y de la generación de residuos derivados de este proyecto. En definitiva, la profundización de un modelo de turismo, transporte, construcción e infraestructuras que amenaza cada vez más la sostenibilidad del planeta. La propuesta es: para salir de la crisis, profundicemos el modelo, dejemos que el capitalismo salvaje siga avanzando, deteriorando el medio ambiente y los derechos sociales, usando recursos comunes y bienes públicos para hacer sus negocios.

Desde Ecologistas en Acción de Madrid se denuncia la posibilidad de este proyecto, las condiciones fiscales, legales y laborales exigidas para su puesta en marcha así como sus enormes impactos sociales y medioambientales. Porque es una manifestación flagrante de las consecuencias que tiene sobre las personas y el medio ambiente este modelo económico y político. No queremos este tipo de proyectos, ni en Madrid ni en ninguna parte del mundo. Para salir de la crisis, no se pueden dar saltos hacia adelante en el modelo que nos condujo hasta ella, no se puede seguir en el camino del deterioro ecológico y las cesiones de derechos sociales frente al capital. Sino apostar por una transformación radical de los procesos socioeconómicos y ajustarlos a las posibilidades del planeta y la biosfera.