Ante los últimos cambios legislativos la Plataforma Eurovegas No, en la que participa Ecologistas en Acción, lanza el Informe de impacto Económico-Fiscal actualizado e insiste en la alarma social que esto conlleva ya que ahora sí se puede afirmar: Las Vegas Sands dicta las leyes.

La Plataforma «Eurovegas No» lanza una actualización del informe económico-fiscal publicado el pasado mes de agosto, teniendo en cuenta las últimas modificaciones de ley llevadas a cabo por las Administraciones Públicas para cumplir con las condiciones impuestas por la empresa estadounidense.

A finales del año pasado se hicieron públicas, a través de distintos medios de comunicación, las exigencias que pedía Las Vegas Sands para poner en marcha el complejo de juego Eurovegas. Estas condiciones pasan por modificaciones de leyes fundamentales en materia fiscal, laboral y social.

Casi un año después asistimos atónitos a lo que entonces parecía inadmisible, los gobiernos central, autonómico y local están cediendo una a una a todas estas exigencias con el objetivo de recibir Eurovegas con una alfombra roja. En este sentido cabe recordar que la Ley de Modificación de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2012 aprobada el 4 de julio, permitió que proyectos privados como Eurovegas pudieran ser considerados de interés regional, modificando la normativa sobre el suelo. Posteriormente, el pasado 27 de septiembre, a la vez que se publicaban los PGE, se anunciaba en el Congreso la modificación de la Ley de Haciendas Locales, que como ya denunció la Plataforma “Eurovegas No”, supone aceptar las exenciones tributarias más importantes que pedía LVS: hasta un 95% de rebaja en impuestos como el IBI o el ICIO, sólo con que la administración local decida arbitrariamente que el proyecto es de “interés general”.

Estamos asistiendo, ni más ni menos, a un espectáculo intolerable: una multinacional dictando leyes básicas que afectan a la organización social de toda la población española. Tanto es así que a principios del pasado noviembre -un mes antes de las últimas modificaciones legislativas- el director general de LVS, Michael Leven, explicaba a los miembros del consejo que “En Europa, nuestra operación en Madrid del Euro Vegas Strip continua. Nosotros seguimos reuniéndonos con el gobierno. Continúa la actividad en materia de ayudas e incentivos, en los ámbitos de licitación, adquisición de terrenos y también en la financiación. Las autoridades esperan que les presentemos nuestros planes con cierto grado de detalle a principios de enero. Será entonces también cuando nosotros tendremos más información sobre qué leyes son las que se van a aprobar a nuestro favor”

Por lo tanto, con los nuevos cambios legislativos que está tramitando la Comunidad de Madrid, el gobierno autonómico -en obligada connivencia con el central y local- está actuando como mero gestor de los intereses de esta transnacional, legislando en áreas que los ejecutivos de LVS conocen meses antes que las fuerzas sociales y la ciudadanía madrileñas.

A pesar de tratar de desautorizar nuestras advertencias, no solamente se han cumplido nuestras previsiones sino que se han rebasado nuestros cálculos, y la retórica empleada para justificar todos los atropellos económicos y legales, supera -por surrealista- cualquier previsión posible; este es el caso de el establecimiento de una nueva figura legal, los Centros Integrados de Desarrollo, que merece todo un título propio en el anteproyecto de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid, aun no siendo más que un eufemismo para denominar a Eurovegas, y que nos hace preguntarnos, no sin cierto pánico, ¿que entienden exactamente nuestras autoridades en la Comunidad de Madrid por “desarrollo”?

Con la próxima Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid para 2013 las bonificaciones superan toda previsión: se rebaja la tributación sobre el juego del 45% anterior a no más de un 10%, se bonificará con el 9% las inversiones efectuadas para la compra de material e inversiones inmobiliarias que formen parte del activo no corriente, se podrá aplicar una bonificación anual de 9.000 € anuales por cada trabajador que integre la plantilla independientemente sea personal fijo o temporal, se aplicará una bonificación del 95 % sobre la cuota que resulte por cualquier operación sujeta al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados,…

Tal y como se indica en la actualización del Informe Económico-Fiscal, teniendo tan sólo en cuenta el impacto producido por la bonificación de la tasa sobre el juego (de 2.530 a 75.710 millones de euros en 10 años), del IBI (de 55 millones de euros en 10 años), de la bonificación del ICIO (de 216 a 252 millones) de la aportación de infraestructuras (alrededor de 2.000 millones de euros), sin haber valorado por falta de información otros beneficios fiscales (cotización a SS, IVA, , Transferencia Patrimonio, financiación, etc.), el balance no parece muy positivo para las Administraciones Públicas, que, mediante el Impuesto de Sociedades, podría recaudar como máximo 3.102 millones de euros en esos años.

Esto se agrava si, durante la evaluación del proyecto llevada a cabo en la primera fase (6 años), el proyecto no se considerase suficientemente rentable y se abandonara, con lo que el perjuicio económico sería enorme, al haberse llevado a cabo las inversiones en infraestructuras, y dadas las deducciones por tasa de juego , IBI e ICIO se dejarían de recaudar de 1.765 a 3.711 millones de euros.

Toda esta merma de potenciales ingresos por parte de las corporaciones locales, se producirían en un contexto de fuerte recesión – lo que conlleva una reducción de la financiación de las corporaciones locales, y con la obligación de cumplir unos objetivos de reducción de déficit difícilmente alcanzables en condiciones normales – y con la confianza puesta en una inversión no garantizada plenamente, sometida a la incertidumbre de no llevarse a cabo o continuar si las condiciones y la rentabilidad no se consideran adecuadas, y en unas cifras de empleo excesivamente infladas y de las que todavía se desconoce su composición. Parece mentira que, basándose en vagas promesas, se establezca un marco que solamente beneficiará a los inversores, pero que no contribuirá al interés general de la ciudadanía, en un momento de severa crisis. Habría que extraer la experiencia de otros proyectos similares fallidos: Terra Mítica, Reino de Don Quijote, Los Monegros, Time Warner, Isla Mágica, etc. España necesita otro tipo de proyectos que generen empleo estable y digno, sostenibles ambientalmente y de interés social.

A esto tenemos que sumar otra condición sin precedentes en nuestro país, la posibilidad por parte de la empresa propietaria de los casinos de dar crédito a los jugadores y la condonación de sanciones administrativas ante faltas “muy graves” por parte de la empresa propietaria del casino, que da carta blanca a las prácticas corruptas de Las Vegas más clásica: ruletas trucadas, coacción a jugadores…

Ahora sí que nuestros gobernantes han dejado claro que están dispuestos a acceder a cualquier requisito del millonario Sheldon Adelson, ahora más que nunca queda en evidencia (con la desfachatez propia de este gobierno) que la empresa inversora es la que marca las reglas del juego y tiene poder para cambiar las leyes según su propio beneficio.

A partir de ahora, en la Comunidad de Madrid podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que quien hace la ley, hace la trampa.

Informe económico fiscal sobre Eurovegas actualizado