La Asamblea Confederal de la organización ecologista, reunida el pasado fin de semana en Trujillo (Extremadura), ha aprobado por unanimidad una resolución de oposición frontal a la Ley Wert y a todos los intentos desde el Gobierno español de imponer un modelo cultural uniformador en detrimento de las lenguas y culturas de cada pueblo, y en contra específicamente del catalán. Así mismo, la resolución recalca la apuesta por el derecho a decidir de los pueblos.

El debate político ha estado muy intenso en el marco de una asamblea confederal donde se han reunido cerca de 300 activistas de unos 60 grupos de todo el estado confederados en Ecologistas en Acción, especialmente sobre las consecuencias sociales y ambientales de una crisis que se considera provocada por las élites económicas para precarizar aún más las condiciones de vida de la población y hacer el siguiente gran paso en la privatización y mercantilización de la naturaleza.

Los representantes de los 4 grupos ecologistas catalanes presentes (Ecologistes en Acció de Barcelona, del Baix Llobregat-Garraf, de Tarragona i Terres de l'Ebre i de Comarques Gironines) presentaron una propuesta de resolución que fue acordada sin ningún tipo de discrepancia. La resolución recuerda que la confederación de Ecologistas en Acción es un ejemplo muy bueno de convivencia entre las distintas realidades de cada pueblo, de cada territorio. Las Federaciones ecologistas que se confederan tienen plena soberanía y las actuaciones a nivel confederal (estatal) se llevan a cabo de manera similar a como se trabaja a nivel europeo y mundial con diferentes confederaciones y redes de organizaciones.

La Ley Wert es, de acuerdo con la resolución aprobada, el peor intento desde el franquismo de imponer la uniformidad cultural en todo el Estado y un ataque sin paliativos contra la lengua catalana.

En coherencia con ello, Ecologistas en Acción apuesta por el reconocimiento del derecho de los pueblos a decidir y a autogobernarse como derecho inalienable. Así mismo, denuncia el uso intencionado que realizan algunas fuerzas políticas para avivar la confrontación lingüística en beneficio propio y como cortina de humo frente a las políticas profundamente reaccionarias en materia social y ambiental, con el peor ataque al bienestar desde el establecimiento de la democracia.