Instalaciones ilegales en suelo protegido

La Asamblea de Madrid aprobará mañana la Ley de Medidas Fiscales y
Administrativas 2012, que legalizará instalaciones para la
celebración de eventos en suelo protegido a pesar del impacto ambiental
que conllevan y de carecer de medidas de seguridad. Ecologistas en Acción,
la Asociación Madrileña de Empresa y la Asociación Empresarial Hostelera
de Madrid llevan denunciando estas instalaciones desde 2007.

El artículo 8 de la ley de Medidas Fiscales y Administrativas de la
Comunidad de la Comunidad de Madrid está redactado con un propósito
evidente: la legalización de, al menos, cuarenta instalaciones de
celebración de eventos (bodas, banquetes, fiestas, convenciones, etc) en
suelo protegido de gran valor ambiental. Estas instalaciones se dedican ya
a la realización de actividades hosteleras, pero carecen de autorización y
no cumplen con las medidas de seguridad y limitaciones que se impone a
establecimientos legales que realizan la misma actividad.

Ecologistas en Acción, la Asociación Madrileña de Empresa y la Asociación
Empresarial Hostelera de Madrid
llevan denunciando estas instalaciones desde 2007. Nueve de ellas han sido precintadas por ilegales, ocho cuentan con orden de cese y el resto están siendo investigadas, incluso por la Fiscalía Provincial de Madrid.

El impacto ambiental de la mayor parte de estas instalaciones impediría su
legalización, que también es inviable si se tiene en cuenta la normativa
urbanística. Algunos de los casos más graves se relacionan a continuación.

Chinchón: Tres fincas rústicas dedicadas a la celebración de eventos pese
a encontrarse dentro de la Red Natura. Se trata de antiguos molinos
hidráulicos que han sido restaurados sin autorización de patrimonio
histórico. Se ubican en la ribera del río Tajuña, incluido en el LIC
(Lugar de Interés Comunitario) Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste.
Las fincas son Peña del Agua, el Molino Amarillo
y el Molino del Manto.

Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares: La normativa de este
espacio protegido no permite celebración de eventos. Pero al menos cuatro
fincas se dedican a esta actividad en Hoyo de Manzanares o junto a el
monte de El Pardo. Se trata de Los Jarales, la
finca de San Antonio, El Pendolero
y La Muñoza.

Parque Regional del Curso Medio del río Guadarrama: La normativa de este
espacio protegido no permite la celebración de eventos. En zonas de máxima
protección del se sitúan la Casa palacio de El Gasco, en Torrelodones, edificación del siglo XVIII mandada construir por el
Marqués de Valterra, la finca Las Monjas, finca Villasolita
y Tres Fuentes, todas ellas en Galapagar.

Otras fincas afectan a humedales, generalmente lagunas y estanques naturales que se pueden estar viendo afectados por el vertido de aguas residuales, como es el caso de la finca Prados Moros, en Guadarrama. Este caso se ha construido una plataforma de
madera, sobre la laguna donde se realizan ceremonias.

Al problema ambiental que generan estas fincas hay que añadir que no
cumplen con las medidas de seguridad que se requiere a cualquier actividad
hostelera de este tipo: Informe de Inspección Sanitaria, Informe
municipal que asegure el cumplimiento de lo establecido en la Ley de
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid,
seguro que cubra los riesgos de incendio del local y de responsabilidad
civil por daños a los concurrentes y a terceros, informes ambientales,
urbanísticos, etc

La Ley que será aprobada mañana establece que la celebración de estos
eventos será autorizable en cualquier tipo de suelo protegido y será
compatible con la normativa ambiental de la Comunidad de Madrid. Es decir,
elude las prohibiciones y limitaciones existentes, así como la obligación
del cumplimiento de la normativa de seguridad actual. Hay que tener en
cuenta que la mayor parte de estas fincas, ni siquiera cumplen con las
medidas de seguridad contra incendios, salidas de emergencias,
certificaciones que acrediten la resistencia al viento de las carpas donde
se celebran los eventos, etc

Lejos de que estas actividades sirvan para dinamizar la actividad
económica suponen una competencia desleal para aquellos empresarios que
realizan esta actividad legalmente en establecimientos en suelo urbano.
Ecologistas en Acción lamenta que se anteponga el interés de determinados
propietarios al de conservación del medio ambiente y al de la seguridad de
los usuarios de estas instalaciones.




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