Residuos Industriales en Matarrepudio

La falta de rigor y voluntad política propicia el descontrol en materia de residuos industriales en Cantabria. Y una de sus consecuencias es lo ocurrido en la cantera propiedad de “Ofitas de Valdeolea” en Matarrepudio, la cual se ha convertido en un vertedero de residuos industriales con el depósito, por parte de la empresa Arruti, de 6.629 toneladas de arenas de moldería procedentes de Nissan Motor Ibérica.

Informe visita Matarrepudio

El desencadenante de estos sucesos tiene sus inicios en febrero de 2010 cuando la Consejería de Medio Ambiente declara estos residuos como subproductos al objeto de ser utilizados como materia prima en la fabricación de aglomerado asfáltico, lo cual en principio y en determinadas condiciones puede ser algo deseable, pero de ninguna manera en la forma en que se ha hecho.

Las declaraciones de subproductos están condicionadas y pendientes de su desarrollo por parte de una Comisión de Coordinación del Ministerio de Medio Ambiente y no a la previa decisión unilateral de las CC AA.

Pero además nunca se definió su uso en qué obras y por tanto tampoco se concretó el volumen a utilizar en las mismas. Ello unido al hecho de que su empleo estaba ligado fundamentalmente a la obra pública, prácticamente paralizada desde antes del 2.010, lo cual ha motivado que tan sólo se hayan utilizado un 15% de los residuos allí depositados.

Todo ello, junto a la ausencia del más mínimo control por parte de la Consejería de Medio Ambiente, es la causa que en la actualidad unas 5.600 toneladas de estos residuos se acopien sin la más mínima medida preventiva o correctora de la contaminación, en lo que ha sido un claro uso fraudulento de la consideración de subproductos.

Tan sólo la denuncia de Ecologistas en Acción y el atestado del Seprona motivaron en su día la paralización por parte de la Consejería de este tráfico.

Pero además también se ha puesto en evidencia que la cantera propiedad de Ofitas de Valdeolea lleva funcionando más de 10 años sin la preceptiva licencia municipal de actividad.

A pesar de que han transcurrido casi un año desde las primeras denuncias y reconocida la situación de ilegalidad, la Consejería de Medio Ambiente no ha hecho ni una sola analítica, ni la adecuada caracterización de estos residuos; ni se ha instruido un solo requerimiento para arbitrar medidas preventivas de la contaminación u ordenado la retirada de estos residuos; tampoco se ha abierto un sólo procedimiento sancionador. Evidentemente, en materia de medio ambiente, también existen distintas varas de medir dependiendo quien sea el infractor.




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