Las draconianas condiciones impuestas por la empresa promotora de Eurovegas han provocado al fin que el propio Gobierno se negara, haciendo naufragar el proyecto. Pero, por el camino, se han aprobado cambios normativos a la medida del megacomplejo de juego, que deberían revertirse lo antes posible. Ecologistas en Acción se felicita del trabajo realizado por la Plataforma Eurovegas No, denunciando esos cambios de legislación y exponiendo los impactos ambientales, económicos y sociales que hubiese tenido el proyecto. Su trabajo ha contribuido a frenarlo.

Justo hace un año, en diciembre de 2012, el parlamento madrileño, utilizando la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, introdujo importantes modificaciones en la normativa urbanística para permitir la construcción del complejo Eurovegas en cualquier tipo de suelo. Además abrevia el procedimiento de aprobación, todo ello en base a los Proyectos de Alcance Regional y la creación de los Centros Integrados de Desarrollo.

El pasado mes de agosto, la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda sacó a información pública el Plan Director del aeródromo del Suroeste, un proyecto ideado para dar servicio a Eurovegas y que justificaba la necesidad de la nueva infraestructura en cifras obsoletas de tráfico aéreo de 2008, anteriores a la situación de crisis actual de los aeropuertos españoles y madrileños.

Por otra parte, el proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local , actualmente en el Senado, permitirá a los ayuntamientos que realicen bonificaciones de hasta el 95% en el impuesto sobre bienes inmuebles, y en el de actividades económicas, si lo justifican, entre otras, circunstancias de fomento del empleo. Otra medida que hubiera beneficiado claramente a Eurovegas y que respondía a las exigencias de exenciones fiscales.

Ecologistas en Acción lamenta que tanto el Gobierno regional como central hayan estado legislando al dictado. Por ello, esta organización solicita la paralización de la tramitación de las medidas que aún no han sido aprobadas y la derogación de las ya aprobadas.

La opacidad ha reinado en el proceso, durante el que las administraciones implicadas han proporcionado nula información sobre costes, estudios de impacto y otros datos de relevancia escudándose en el carácter privado del proyecto. Una muestra de la tergiversación entre lo público y lo privado que afecta a cada vez más sectores. La propia defensora del pueblo amonestó a la Comunidad de Madrid por falta de transparencia a raíz de una queja presentada por la Plataforma Eurovegas No, de la que forman parte decenas de organizaciones y grupos.

El trabajo de la plataformas contra la opacidad y las falsas promesas ha sido decisivo. En sucesivos informes demostró que Eurovegas no generaría los empleos prometidos y recortaría derechos laborales, que tendría un impacto ambiental y territorial inasumible, que supondría un coste en infraestructuras insostenible para las arcas públicas, que dañaría el tejido social. El trabajo coordinado de la plataforma ha contribuido a abrir los ojos de la sociedad y a frenar un despropósito. Es un buen día para el sentido común. Es el momento de empezar a pensar a la medida de la ciudadanía y no a la de megaproyectos frustrantes y frustrados como los Juegos Olímpicos o Eurovegas.