La Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo ha dado su visto bueno a un texto propuesto por los gobiernos de la Unión Europea para reformar las directivas europeas que fomentan el uso de agrocombustibles. El texto acordado mejora las políticas actuales al limitar tibiamente el uso de unos combustibles que, lejos de reducir emisiones, generan otros impactos sobre la biodiversidad, la alimentación o el acceso a sus tierras de muchas comunidades del Sur. El pleno del Parlamento Europeo debe ratificar, previsiblemente el 29 de abril, este texto. Igualmente, se espera la ratificación del Consejo de la UE en mayo.

Esta reforma limita la cantidad de agrocombustibles (biocarburantes elaborados a partir de cultivos alimentarios) que pueden utilizarse para alcanzar el objetivo del 10% de energías renovables en el transporte en 2020. El límite del 7% es muy superior a los límites propuestos por la Comisión y Parlamento europeos, del 5% y 6% respectivamente. Supera los límites que reclamaban las organizaciones sociales, como Ecologistas en Acción.

Si bien mejora la situación actual, se pierde la oportunidad de avanzar hacia una política de transportes más sostenible, en la que se prime la reducción de los consumos energéticos y se fomenten únicamente aquellos biocarburantes que cumplan criterios de sostenibilidad robustos. Eso debería incluir las emisiones resultantes de los cambios indirectos de uso del suelo (ILUC). El gobierno español, con los ministros José Manuel Soria y Miguel Arias Cañete al frente, ha sido uno de los ejecutivos más activos en evitar estos avances.

La Directiva de Energías Renovables establece que el 10% del total de la energía consumida en el transporte en 2020 debe ser renovable. La reforma limita al 7% la energía procedente de biocarburantes fabricados con cultivos alimentarios. Los estados miembros pueden recurrir a un porcentaje menor. El límite podría en cambio no tener ningún efecto por el uso de agrocombustibes fabricados con cultivos energéticos no alimentarios, que provocan impactos similares a los anteriores por el uso de tierras cultivables. En 2013, año de referencia para la reforma, el consumo de agrocombustibles en la UE equivalía al 4.7% de la energía consumida en el transporte. El límite acordado permite por lo tanto un incremento sustancial en el uso de agrocombustibles con importantes impactos sociales y ambientales negativos.

Tanto la Comisión Europea como las empresas comercializadoras deberán informar cada año de las emisiones resultantes de los cambios indirectos de uso del suelo. Dichas emisiones no se incluirán en la contabilidad de emisiones de gases de efecto invernadero que determina el impacto climático de los biocarburantes. Aunque mejora la transparencia de los impactos de esta política, se seguirá fomentando el uso de agrocombustibles que contribuyen al cambio climático, que se tendrán en cuenta para el objetivo del 10% de renovables en el transporte y podrán recibir ayuda financiera.

Los Estados miembros deberán fijar un objetivo del 0.5% no obligatorio para los llamados “biocarburantes avanzados”, aquellos producidos mayoritariamente a partir de basuras municipales y otros residuos. El texto incluye una referencia al Principio de jerarquía en el tratamiento de residuos, establecido en la Directiva Marco de Residuos, aunque otros elementos para garantizar su sostenibilidad han desaparecido en el texto acordado.