Se investigarán posibles delitos de prevaricación ambiental y contra la ordenación del territorio denunciados por Ecologistas en Acción contra el Alcalde de Morón y contra el Secretario de Medio Ambiente de Sevilla. Piden el cese fulminante del Secretario Provincial, Salvador Camacho, que también está implicado en la truculenta adjudicación del concurso de la mina de Aznalcóllar, que ha sido paralizada por el Juzgado nº3 de Sevilla.

El pasado 25 de mayo un Juzgado de Instrucción de Sevilla ha dictado un auto por el que, a partir de la querella presentada por Ecologistas en Acción, donde “se relatan en ella hechos que pudieran ser constitutivos de delito”, resuelve incoar Diligencias Previas de conformidad con el artículo 774 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, teniendo a Ecologistas en Acción como parte y poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal y de las partes denunciadas.

La querella va dirigida, por posibles delitos de prevaricación ambiental y contra la ordenación del territorio, contra el Alcalde de Morón, Juan Manuel Rodríguez, y contra Salvador Camacho Lucena, Secretario General de la Delegación Territorial de Sevilla de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, y contra otros tres funcionarios del Ayuntamiento de Morón y de la referida Delegación, por su intervención en la prórroga otorgada a la empresa SIDEMOSA (Sierra de Morón S.A.) para explotar durante 30 años más, la macrocantera de la Sierra de Morón.

El hecho principal de la querella es que todos los denunciados, actuando como autoridades o funcionarios, han omitido, a sabiendas de su injusticia, la aplicación de la legalidad urbanística establecida en PGOU de Morón, vigente desde abril de 2012, que prohíbe de manera taxativa las actividades extractivas en el suelo donde se ubica la cantera de SIDEMOSA. Y es que todos conocen que ese suelo está calificado, por sus valores ecológicos, ambientales y paisajísticos, como Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planificación Urbanística (SNU-PU), en su gran mayoría de Conservación Prioritaria, según consta en un Informe del Arquitecto Municipal de abril de 2013, realizado a instancias del propio Alcalde de Morón de la Frontera, donde se indica expresamente la normativa vigente y la prohibición de usos.

El Alcalde, una vez conocido el determinante contenido del informe del arquitecto, lo ocultó durante la tramitación de la prórroga. Pero Ecologistas en Acción lo remitió a la Delegación Territorial de Medio Ambiente, donde los funcionarios dirigidos por Salvador Camacho también ignoraron su contenido.

Con esta forma de actuar, el Alcalde de Morón, está incumpliendo de manera continuada con su obligación de aplicar la legalidad urbanística. Ecologistas en Acción exige al Alcalde, Juan Manuel Rodríguez, y a su Concejal de Urbanismo, que apliquen esa legalidad y declaren la paralización inmediata de la actividad destructiva, si no quieren seguir incurriendo en delitos urbanísticos.

En julio de 2014 la Plataforma Ciudadana Sierra de Morón denunció la dependencia del Ayuntamiento de Morón de las empresas vinculadas a la cantera SIDEMOSA, siendo que desde mayo de 2012 a mayo de 2013,
coincidiendo con la tramitación de la prórroga de la cantera, esas empresas realizaron trabajos de transporte y suministro de materiales para obras al Ayuntamiento por valor de cerca de 150.000 €, retrasando de manera
voluntaria el cobro de facturas hasta finales de 2013, una vez que se publicó la Declaración de Impacto Ambiental favorable a la prórroga de la cantera.

Tampoco es la primera vez que Salvador Camacho favorece los intereses de los propietarios de la empresa SIDEMOSA. Durante una década permitió y facilitó la aprobación y ejecución del falso Plan de Restauración de la cantera, a pesar de los informes técnicos que demostraban los daños ambientales que provocaba esa falsa restauración. En 2010 guardó en un cajón las primeras denuncias de vecinos y de Ecologistas en Acción en relación a la futura construcción de un Horno Crematorio en Morón, cuyo propietario, Lalo Siles, es el mismo que el de SIDEMOSA. En 2011 firmó, en representación del entonces Delegado Provincial de Sevilla, Javier Fernández, la Autorización de Emisiones a la Atmósfera (AEA) para ese Horno Crematorio, ocultando toda la información a los vecinos afectados. Posteriormente, en 2014, ante la evidencia de la actuación arbitraria de Salvador Camacho, la propia Delegación de Medio Ambiente tuvo que ser declarar ilegal el Horno Crematorio.

Salvador Camacho también está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción nº3 de Sevilla por su participación en la adjudicación del concurso sobre los derechos mineros para la reapertura de la mina de Aznalcóllar.