El 25 de abril de 1998 ocurrió la mayor catástrofe ambiental conocida en Europa. 5,5 millones de metros cúbicos de lodos y 1,5 millones de litros de aguas ácidas recorrieron el cauce del río Agrio al río Guadiamar, entrando en las mismas puertas del Parque Nacional Doñana, quedando, parte de este espacio protegido tan emblemático afectada por las aguas ácidas.

Hay que recordar que fue una crónica anunciada y denunciada por Ecologistas en Acción, entonces CEPA (Confederación Ecologista-Pacifista Andaluza), que fue totalmente ignorada por las administraciones públicas y los tribunales de Justicia, siendo la denuncia archivada en el Juzgado de Sanlúcar la Mayor. El mensajero fue el único que sufrió las consecuencias, el técnico de Boliden Apirsa que dio la voz de alarma sufrió presiones, amenazas y chantajes, por haber alertado de lo que podía ocurrir y de hecho ocurrió. Nadie reconoció que este hombre debía haber sido tomado en cuenta, nadie reconoció su «hazaña». Sólo Ecologistas en Acción reconoció y compartió solidariamente el sufrimiento de Manuel Aguilar Campo (DEP).

Es una evidencia que esta catástrofe se podría haber evitado. Sus consecuencias económicas y ecológicas supusieron un gasto presupuestario enorme: sólo en retirar lodos hay que calcular que 5,5 millones de metros cúbicos de lodos es un volumen que requiere unos 180.000 camiones para retirarlos, y a ello hay que sumar todo lo que conlleva en mano de obra a pie de campo.

Pero aquí quien contamina no paga, sino que además se le paga. De hecho, se volvió a abrir la mina con una subvención de la Junta de Andalucía. Boliden aprovechó algún tiempo más la mina y luego se hicieron los suecos, yéndose de rositas. Los contribuyentes con nuestros impuestos fuimos quienes pagamos esta catástrofe causada por una multinacional.

18 años después, qué hemos aprendido.

Hemos aprendido más bien poco. De nuevo se quiere poner las minas en manos de una multinacional, en este caso una multinacional mejicana cuyo historial está marcado significativamente por la peor catástrofe ambiental minera de ese país, ocurrido en 2014, con el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre en el Río Sonora.

Se cumplen 18 años y nos encontramos en Aznalcóllar con una corta llena de aguas ácidas, con unas escombreras lixiviando esas aguas ácidas y contaminando de forma difusa toda la cuenca del río Agrio y del Guadiamar. A ello se suma la amenaza de la reapertura inminente de la mina, que a todas luces sólo puede conllevar reproducir los mismos modelos con las mismas situaciones.

Hay proyectos que deben ser rechazados por completo y por siempre, porque suponen una amenaza para la supervivencia de Doñana. Hay que tener muy presente que Doñana genera muchísimos puestos de trabajo, con la diferencia de que el empleo que genera es sostenible a largo plazo si logramos mantener el recurso, es decir, una Doñana saludable y conservada en sus valores.