L’impost nuclear només és acceptable si va lligat a la no renovació dels permisos

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El impuesto nuclear incluido en los Presupuestos de la Generalitat para 2017 sólo es aceptable si va ligado a la no renovación de los permisos de las C.N de Ascó y Vandellós.

El Proyecto de Ley de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público; de creación del impuesto sobre el riesgo medioambiental de la producción, manipulación y transporte custodia y emisión de elementos radiotóxicos, tal como ya han apuntado algunas voces ligadas a organizaciones como "Tanquem les Nucleares 100% renovables" y al Movimiento Ibérico Antinuclear ( MIA), representa el reconocimiento por primera vez del Gobierno catalán, de la peligrosidad y el riesgo para las personas que se deriva de la generación de electricidad nuclear.

Así pues se acepta una actividad que puede derivar en perjuicio de la ciudadanía a cambio de dinero. Al parecer de Ecologistas en Acción este hecho es inaceptable, ruin y perverso. Ecologistas en Acción cree que a la salud y seguridad de las personas, no se les puede poner precio.

La actividad nuclear en Cataluña tiene además un problema añadido, ANAV la empresa que gestiona las Centrales nucleares catalanas tiene el mayor número de incidencias en sus instalaciones de todo el Estado español, lo que debería ser una anécdota en el funcionamiento de Ascó y Vandellós, se ha convertido en algo habitual con el consecuente riesgo para la población y el deterioro de la imagen de las comarcas donde están ubicadas las C.N.

El Gobierno catalán aunque no tenga competencias, debería definirse claramente sobre la actividad de las C.N. del territorio, el riesgo de accidente crece a medida que estas instalaciones envejecen, igual que le pasa a nuestro vehículo a motor o a cualquier electrodoméstico y nuestro País más que ningún otro, no puede asumir las consecuencias de un accidente como el que recientemente ha pasado en Fukushima.

Ecologistas en Acción no puede aceptar un impuesto que no va ligado a la no renovación de los permisos de Ascó y Vandellós que se acaban entre los años 2020 y 2021, el Gobierno catalán debería comprometerse a hacerlo tanto en el caso de que le delegara las competencias en materia nuclear el Gobierno del Estado, como en el caso de alcanzar la independencia. El simple hecho recaudatorio acabará recayendo en los bolsillos de los usuarios y sólo servirá para legitimar una actividad energética obsoleta que quiere prolongar su agonía hasta los sesenta años de actividad, lo cual es una locura, como fuentes del sector eléctrico ya han anunciado.

Desde el MIA, movimiento del que forma parte Ecologistas en Acción se ha desplegado una campaña en toda la Península Ibérica para que no se renueve ningún permiso de explotación de las C.N. Como consecuencia de esta actividad ya hemos obtenido los primeros resultados con la implicación del Gobierno portugués respecto a la C.N de Almaraz en Extremadura. En Cataluña durante el año 2016 ya se han dado los primeros pasos promoviendo entre otros temas la posibilidad de iniciar una ILP en todo el Estado, lo que acabaremos de discernir durante el próximo trimestre.

Cataluña debe definir su posición con o sin competencias sobre una actividad que el propio Gobierno reconoce puede afectar a la salud de las personas. El llamado impuesto nuclear no es un buen paso.




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