Ante esto decimos:
Primero: Advertir que el impacto paisajístico es irreparable, sea en la dirección que sea, por lo que estamos convencidos de la ilegalidad de dicha explotación.
Segundo: Entendemos que esta cantera es ilegal, porque existen unas protecciones que se deben hacer cumplir y deben cumplir las administraciones.
Por ello, pedimos el cierre definitivo de la cantera y se intente recuperar de algún modo el daño producido hasta la fecha.
Ante los incumplimientos en temas de legalidad reiterados por parte de la empresa concesionaria, animamos a que se sancionen en el sentido de que se desestime la concesión, realizada en su día, hace décadas.
Sobre si es el Ayuntamiento o la Junta de Andalucía los responsables, retamos a que ambas administraciones muestren de una vez por todas la documentación relativa a la concesión minera y los términos en que renovó en 2012 por treinta años más.
Se trata de un monte público protegido en el planeamiento urbanístico y que por tanto mantenemos la convocatoria de manifestación.
No podemos consentir que la administración nos quiera callar y negar lo evidente del daño que se está produciendo.