Ecologistas en Acción se muestra muy insatisfecho tras conocer el Auto de la Audiencia Provincial de fecha de 2 de febrero de 2017, que resuelve que Ecologistas en Acción no puede presentarse como acusación popular o particular en la causa abierta del incendio de Chiloeches, y tampoco como parte principal de defensa de los intereses generales, como la afección directa al medio ambiente, concretamente (como) en este caso, la contaminación del río Henares, la contaminación atmosférica o la afección a la salud pública de sus asociados.

Este Auto choca con la personación que Ecologistas en Acción si ha podido desarrollar en la causa del incendio de Seseña (Toledo), con los mismos argumentos con los que se hiciera en la causa de Chiloeches. Argumentos basados en el derecho que esta Asociación interpreta en sus fines, que de acuerdo con el artículo tres de sus estatutos se establece «la defensa y conservación del medio ambiente» .

Asimismo para el ordenamiento del sector medioambietal, es obligada la referencia al Convenio de Aarhus sobre acceso a la información, participación del público en la toma de decisiones y acceso a la Justicia en esa materia, hecho en Aarhus (Dinamarca), el 25 de junio de 1998, que nace de la necesidad, reconocida en su preámbulo por las partes que los suscribieron, de proteger, preservar y mejorar el estado del medio ambiente y garantizar un desarrollo sostenible y ecológicamente idóneo, como condición esencial para el bienestar humano, así como el goce de los derechos fundamentales, en particular el derecho a la vida.

El Convenio reconoce un importante papel en la protección del medio ambiente a los ciudadanos, y a las organizaciones no gubernamentales, que desarrolla en los tres pilares de: -acceso a la información sobre el medio ambiente, – la participación en la toma de decisiones y – el acceso a la justicia en materia medioambiental.

Tras este Auto, donde se determina la decisión inicial que el Ministerio Fiscal propuso al Juez, Ecologistas en Acción trasladará al Fiscal de Medio Ambiente Estatal este caso, y estudiará posibles quejas ante la Unión Europea por la imposibilidad de ejercitar los derechos fundamentales que proclama.