Dado que los hechos pueden ser legalizados, al no ser disconformes con la ordenación urbanística de Morón de la Frontera, se propone finalmente una cuantía de la sanción de 760.000 euros.

Ecologistas en Acción recibió hace más de un mes la Propuesta de Expediente sancionador contra la empresa Ángel Camacho S.L., como responsable -por la instalación sin licencia de obras ni proyecto de actuación-, de distintas balsas evaporativas y acumulativas en la Finca “La California”, situadas en el Polígono 82. Parcelas 11, 18, 20, 21, 23, 24 y 79, constituyendo las mismas una infracción urbanística continuada.

Fue en octubre de 2015 cuando esta organización denunció los hechos -al igual que el Seprona un mes más tarde- ante el Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera, por construcciones realizadas en la Finca “La California”. En concreto, varias balsas para recoger las aguas residuales generadas por la industria del aderezo, en Suelo No Urbanizable, incluyendo las correspondientes obras de acondicionamiento del terreno, movimientos de tierra, impermeabilizaciones, etc.

En la propuesta de Resolución queda probado que se han cometido dichas infracciones urbanísticas a la largo del tiempo, desde la construcción de balsas en el año 2007, siendo el suelo calificado además como de “Preservación del carácter natural o rural, con una pequeña zona adyacente al lindero clasificada como de Protección Especial por Planificación Urbanística, Categoría B, Grupo 1 (Regadío)”, sin licencia ni proyecto de actuación correspondiente.

Todas estas actuaciones constituyen una infracción continuada que contraviene la legalidad vigente y constituyen infracciones urbanísticas de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. Para Ecologistas en Acción, estos hechos demuestran una vez más la connivencia de las grandes empresas agroalimentarias del sector del aderezo con la clase política. La estrategia suele seguir la misma pauta, hacer primero las obras ilegales, casi siempre en Suelo No Urbanizable, y luego pedir su legalización, con la manida excusa del interés general por el empleo que generan o bien por la inexistencia de alternativas al tratamiento biológico de las aguas residuales industriales.

Ecologistas en Acción ha presentado las correspondientes alegaciones para que el Ayuntamiento confirme esa Propuesta de Resolución, a la vez que se determinen las responsabilidades de los técnicos municipales por la inacción frente a los hechos pese a ser plenos conocedores de los mismos y no actuar convenientemente para evitarlos.

También, y en relación al contencioso-administrativo (Recurso 508/2015) que hay interpuesto contra el proyecto de actuación en Suelo No Urbanizable para la implantación de la ampliación del Grupo Industrial Ángel Camacho Alimentación S.L., se ubica en la finca “La California”, hemos solicitado al Ayuntamiento la revisión de oficio del mismo para que se tramite el preceptivo Plan Especial (art. 42 de la LOUA), y lo unifique junto al proyecto objeto de Propuesta de Resolución.

El hacer separado los dos proyectos (ampliación de instalaciones y las nuevas balsas) puede suponer una fragmentación fraudulenta, ya que la tributación al Ayuntamiento es distinta. Los Planes Especiales tributan al 10% y los Proyecto de Actuación al 4% que va destinado, según las Ordenanzas fiscales, al Patrimonio Municipal del Suelo para dotación pública (art. 52.5 de la LOUA). Ecologistas estima, en el mejor de los casos, que puede estar produciéndose un menoscabo de ingresos de unos 600.000 euros.

Si hay algo que ha caracterizado a la industria del aderezo, además de su relevante dimensión económico-financiera, ha sido la generación de grandes cantidades de residuos líquidos altamente contaminantes y poco biodegradables, que hacen del almacenamiento en balsas evaporativas, la única solución que plantean a corto y medio plazo. Frente a esta solución que requiere grandes espacios para instalarse está la inexistente o escasa inversión que solucione los problemas ambientales que causan el vertido de sus aguas residuales. La industria del aderezo, de forma tradicional, ha trasladado al conjunto de la sociedad local los costes medioambientales que supone su actividad.

Ya va siendo hora que esta actividad económica apueste por el tratamiento biológico de las aguas residuales y no seguir atajando el problema de forma transitoria mediante el almacenamiento en balsas evaporativas. La experiencia demuestra que no es la solución final, sino una medida que no garantiza la evaporación total de las aguas residuales. Como muestra, las denuncias que cada año incoa el Organismo de cuenca, casi siempre coincidiendo con periodos de lluvias o el caso más grave, el deterioro de la depuradora de Morón, provocado precisamente por la llegada a la instalación de aguas residuales sin depurar que costaron a todos los andaluces más de 1 millón de euros repararla.

La lucha ciudadana que tanto esfuerzo ha hecho en los últimos 25 años para recuperar el nivel de calidad de las aguas del Guadaíra no puede dar ningún paso atrás. Hay que poner en marcha en todo el sector las soluciones que plantean los expertos, es decir, medidas de control, de minimización del consumo, de clasificación de efluentes y del tratamiento biológico final de éstos. Y todo ello deberá realizarse por las propias industrias, aunque supongan costosas inversiones, la asunción de externalidades medioambientales por parte del conjunto de la sociedad ni es razonable ni sostenible.