La Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Salamanca suspende la apertura de la mina de Retortillo-Santidad y devuelve el expediente al Ayuntamiento de Retortillo para que informe sobre la autorización solicitada. Se da así un paso más en el freno de este proyecto especulativo que está hipotecando el futuro de todo el Campo del Yeltes. Queda suspendida la apertura de la que sería la única mina de uranio a cielo abierto en Europa.

Este informe negativo supone un obstáculo clave para que esta mina se pueda poner en marcha, aún con la supuesta concesión de la licencia urbanística del Ayuntamiento de Retortillo. A ello se suma a la paralización por el Ministerio de Industria de la tramitación de la fábrica de concentrados de la mina, por no contar con el visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que ha reclamado más información a la empresa minera australiana de Berkeley, entre otras cosas sobre la gestión de los residuos radiactivos.

Así, Ecologistas en Acción de Salamanca y el Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA) se sumann a las denuncias realizadas por la plataforma Stop Uranio que recuerda que «la autorización de construcción de la planta de beneficio de la empresa Berkeley Minera España S.L. caducó en 2016 por no atender al requerimiento formulado por la administración del Estado en 2015. Pero, sobre todo, tardó dos años en corregir la consideración de los residuos como radiactivos tras los distintos informes emitidos por el CSN».

En este sentido, la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo da la razón a Stop Uranio en que «no se puede autorizar el uso excepcional del suelo sin haber estudiado y contestado las alegaciones formuladas por las personas que se han personado en la fase de información pública del procedimiento, ya que hacerlo supondría sustituir la participación democrática de los habitantes de la comarca por un estudio pagado por la empresa beneficiaria de la decisión que se tome”.

En opinión de Ecologistas en Acción, la apertura de esta mina única en Europa supondría un atentado a un monte adehesado de alto valor ecológico y cultural. El continuo movimiento de tierras incrementará las partículas de uranio suspendidas y la concentración de radón, también radiactivo, con evidentes consecuencias en la salud humana y en la de las especies que vivan a decenas de kilómetros alrededor de la explotación.

Desde el origen de este proyecto, la minera australiana Berkeley ha sido requerida de forma continua para la modificación de informes fundamentales para garantizar su seguridad. Así, ha tenido que recalificar muchos residuos que catalogaba como estériles siendo radiactivos, se han solicitado en varias ocasiones planes de vigilancia y control inexistentes o ha cambiado el proceso de concentración del uranio en varias ocasiones. Este es, por tanto, un proyecto que desde un origen no cuenta con un mínimo de seguridad y fiabilidad. En su lugar se observa el continuo esfuerzo de la minera Berkeley de posicionar mediáticamente los presuntos beneficios de su actividad empresarial que no se prolongaría más allá de los 10 años de explotación.

Estas acciones especulativas cuentan con la complicidad de gran parte de la administración pública, ya que ni tan siquiera la Junta de Castilla y León ha cumplido con su labor de vigilancia al permitir la tala y destrozo ocasionados por el inicio de la obra, sin que cuente con los permisos oportunos. Del mismo modo, determinados intereses y sectores que obtendrán un beneficio directo de esta mina, o que incluso tienen contratos vigentes con Berkeley, se pronuncian bajo un halo de neutralidad que no es real.

Las evidencias geológicas muestran que la bajísima concentración de uranio no hace rentable la mina, hecho por el que ENUSA abandonó estos yacimientos en 2000. Estamos ante una actividad meramente especulativa. La minería del uranio afecta severamente a la salud de las personas, aumentando el número de cánceres, así como al medio ambiente por ser una verdadera herida en el territorio. La mina imposibilitaría la viabilidad de la economía agraria y ganadera y supondría el cierre del balneario de Retortillo. Por todo ello, el Ecologistas en Acción y el MIA aplauden la decisión de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo.