Ecologistas en Acción denuncia que entre 2014 y 2016 se han incumplido los objetivos legales de protección de la salud y la vegetación establecidos para el ozono en un tercio de las 125 zonas en que se divide el territorio español, repartidas entre las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco, con más de 18 millones de habitantes, dos de cada cinco personas que viven en el Estado.

Entre ellas, la contaminación se ha extendido por la totalidad de la Comunidad de Madrid, la más afectada como consecuencia de las emisiones del tráfico rodado del área metropolitana de Madrid, que además de perjudicar la salud de los seis millones y medio de madrileños, afecta de manera grave a dos millones de habitantes de Castilla La Mancha y Extremadura, al sur de la Cordillera Central.

Al margen del problema creado por el tráfico urbano de Madrid, el otro gran foco de contaminación por ozono en España se encuentra en el litoral mediterráneo, desde Girona hasta Almería, pasando por la Comunidad Valenciana, Murcia y las Islas Baleares, donde esta contaminación, ocasionada por el alto grado de urbanización de la costa, afecta a tres millones de personas, especialmente en las áreas de interior.

Las restantes áreas afectadas por los elevados niveles de ozono se reparten entre el interior de Andalucía (incluyendo las áreas urbanas de Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla), la aglomeración de Valladolid y el Valle del Ebro, desde Aragón hasta la Ribera de Navarra y País Vasco, donde viven otros siete millones de personas.

Se define el valor objetivo como el “nivel de un contaminante que deberá alcanzarse, en la medida de lo posible, en un momento determinado para evitar, prevenir o reducir los efectos nocivos sobre la salud humana, el medio ambiente en su conjunto y demás bienes de cualquier naturaleza”. El valor objetivo octohorario para la protección de la salud humana es de 120 microgramos de ozono por metro cúbico de aire (μg/m3), que no deberá superarse en más de 25 días por cada año civil, de promedio en un período de 3 años.

Existe asimismo un valor objetivo para la protección de la vegetación, que se evalúa en periodos de 5 años, y que entre 2012 y 2016 se habría incumplido en 353.000 kilómetros cuadrados, el 70% del territorio español.

Las estaciones de control de la contaminación atmosférica de referencia donde en el último trienio se ha superado los objetivos legales de ozono son un centenar de las 450 que miden este contaminante en España.

La Ley estatal de calidad del aire establece que las comunidades autónomas adoptarán planes de mejora de la calidad del aire para alcanzar los objetivos establecidos, en las zonas en las que los niveles de uno o más contaminantes regulados superen dichos objetivos, como es el caso del medio centenar de zonas indicadas. Se trata de una medida obligatoria para las autoridades autonómicas, que de ninguna manera se puede entender como discrecional, y es independiente de las iniciativas que pueda adoptar el Gobierno central, que por otro lado tampoco ha elaborado el Plan Nacional de ozono comprometido hace ya casi dos años.

Por ello, Ecologistas en Acción ha registrado formalmente peticiones para que el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco pongan en marcha los planes de reducción de ozono, con la finalidad de evitar que esta lamentable situación se repita este verano y en años próximos.

Planes que deben pasar por la reducción del intenso tráfico urbano e interurbano que soportan las principales ciudades del Estado, manteniendo un modelo de ciudad compacta y promoviendo el uso de medios de transporte más sostenibles como la marcha a pie, la bicicleta y un transporte público y colectivo alimentado preferiblemente con energía limpia procedente de fuentes renovables. Por otro lado, debe procederse al cierre progresivo de las centrales térmicas de carbón, sustituidas por energías renovables. Así como el control de las grandes empresas que emiten contaminantes precursores del ozono como son los óxidos de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles. En el caso de Navarra estas grandes empresas contaminantes son Guardian Glass Navarra, en Tudela, las Centrales Térmicas de Ciclo Combinado de Castejón, y Magnesitas de Navarra, en Zubiri. Todo ello sin perjuicio de la necesaria coordinación entre Comunidades Autónomas, con el Gobierno Central y con la Unión Europea.

El ozono troposférico, también conocido como ozono “malo” por contraposición al de la estratosfera, es un contaminante secundario producido por la reacción entre la luz solar y el dióxido de nitrógeno y los hidrocarburos emitidos por los automóviles y algunas industrias. Por inhalación, provoca irritación de los ojos y vías respiratorias superiores, un incremento del riesgo de enfermedades respiratorias agudas y reducción de la función pulmonar, así como el agravamiento de patologías cardiovasculares.

La OMS estima en 1.800 los fallecimientos prematuros anuales en España producidos por la exposición a niveles de ozono como los registrados en buena parte de España. El ozono, además de para las personas, es también tóxico para la vegetación, dañando los bosques y reduciendo la productividad de los cultivos.