Posible delito de estafa por el funcionamiento de las EDAR

Ecologistas en Acción de Andalucía trasladó a la Fiscalía el Informe de saneamiento y depuración del ciclo 2013/2015 para denunciar un posible delito de estafa en el cobro de la tasa de depuración en aquellos municipios que incumplen la norma.

La Fiscalía ha abierto Diligencias de Investigación Penal

Igualmente se ha presentado una Queja ante la Comisión Europea denunciando el incumplimiento del derecho comunitario por la incorrecta depuración en más de 60 municipios andaluces.

Después de hacer público el Informe sobre el grado de cumplimiento de las depuradoras en funcionamiento de las ocho provincias andaluzas, Ecologistas en Acción interpuso una denuncia a la Fiscalía de Medio Ambiente con el objeto de estudiar si existe un posible delito por el cobro de la tasa de depuración en municipios cuyas depuradoras incumplen la normativa que regula los requisitos de los vertidos procedentes de instalaciones de tratamiento secundario.

Se trasladó a Fiscalía el Informe, elaborado a partir de las muestras analíticas de las depuradoras de todas las provincias andaluzas, donde se concluye que en el año 2015 (último año recibido), el 34 % de las depuradoras en funcionamiento no operan conforme al Real Decreto 509/1996.

Ecologistas en Acción solicitó a la fiscalía esclarecer el presunto delito que estarían cometiendo los Ayuntamientos andaluces al continuar vertiendo las aguas residuales urbanas a cauce público sin la debida depuración de forma continua, dolosa y haciendo caso omiso a los continuos requerimientos de la Administración competente, infringiendo, además, los requisitos establecidos en las normas aplicables al tratamientos de las aguas residuales urbanas.

Son los Ayuntamientos quienes, en base a la Ley de Régimen Local, están obligados al tratamiento de las aguas residuales y a proteger el medio ambiente y la salud pública, siendo responsables de esta situación los alcaldes y concejales de medio ambiente de cada municipio.

En respuesta a estos hechos, la Fiscalía ha decidido abrir Diligencias de Investigación Penal, incoadas a partir del Expediente de la Fiscalía de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado, por la comisión del posible delito denunciado por Ecologistas en Acción, estableciéndose ahora un plazo de 6 meses para investigarlo. Dado el carácter supra provincial de los hechos, se ha acordado la inmediata remisión de las Diligencias a las distintas Fiscalías Provinciales para que éstas a su vez, investiguen los hechos denunciados.

Ante la Comisión Europea

Al mismo tiempo que se denunciaba a la Fiscalía, se presentaba ante la Comisión Europea una Queja por el incumplimiento del Derecho comunitario, sin perjuicio de que puedan evidenciarse otros incumplimientos más adelante. Entendemos que al menos se pueden estar infringiendo tanto la Directiva 91/271/CEE, que regula el tratamiento de las aguas residuales urbanas como la Directiva Marco de Aguas 2000/60/CE, así como otras disposiciones de derecho comunitario y principios y objetivos de la Unión Europea relacionados con ambas normas. En la citada Queja se indica que los últimos datos correspondientes al año 2015 proyectan un incumplimiento de los valores establecidos en la Directiva 91/271/CEE de un tercio de las depuradoras andaluzas. Esta situación estaría impidiendo el cumplimiento del objetivo de alcanzar el buen estado ecológico que marca la Directiva Marco de Aguas del año 2000.

Y también, Ecologistas en Acción ha trasladado a la Comisión su preocupación sobre el posible uso incorrecto de los Fondos europeos FEDER, que contenían partidas para las obras de construcción de depuradoras. La propia Junta de Andalucía admite en el informe publicado a finales del año 2016, que una parte de las actuaciones ejecutadas hasta el 31 de diciembre de 2015 han contado con financiación europea, concretamente con 127,6 millones de euros.

Apenas 12 días después de presentar la Queja, la Comisión ha respondido rápidamente para ampliar la información aportada, lo que denota la preocupación de las autoridades europeas por los hechos denunciados.

Por ello, Ecologistas en Acción de Andalucía exige a las distintas Administraciones que establezcan como objetivo prioritario la construcción de las depuradoras que faltan para completar el “vertido cero” en nuestra Comunidad, así como que corrijan de inmediato los problemas que presentan aquellas que funcionan mal e incumplen la norma que regula el vertido de las aguas residuales urbanas.

De no hacerlo, las sanciones seguirán llegando, y los continuos vertidos sin depurar afectarán a la salud y al medio ambiente a corto plazo en Andalucía.




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