El Gobierno regional informa en contra del proyecto de Ley para revertir la privatización del Canal de Isabel II

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha emitido un informe en contra del proyecto de Ley de Medidas para el establecimiento de un modelo de gestión pública, transparente, democrático y participativo del ciclo integral del agua en la región, elaborado por la Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II. El lunes 5 de junio, se debatirá en la Mesa la Asamblea de Madrid su tramitación

El citado proyecto de Ley de medidas ha sido elaborado por la Plataforma contra la privatización del CYII, en la que participa Ecologistas en Acción, con la colaboración de expertos en la materia, y recoge el contenido de las mociones aprobadas en los plenos municipales de más de 35 ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, que representan a una población de más de 5 millones de personas.

El proyecto de Ley fue registrado en la Asamblea de Madrid, por los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos de la Comunidad de Madrid, el pasado mes de abril, y su contenido, en síntesis, es el siguiente:

  • Paralización definitiva del proceso de privatización del CYII, eliminando el artículo 16 de la Ley 3/2008, que abrió las puertas al proceso privatizador.
  • Disolución de la sociedad anónima Canal Gestión, integrando a su personal, activos y pasivos en la entidad pública Canal de Isabel II.
  • Establecimiento de las bases de un nuevo modelo de gestión público, transparente, democrático, con rendición de cuentas, sostenible, sin ánimo de lucro, participativo, respetuoso con las competencias municipales y con los criterios que definen el abastecimiento y saneamiento como derecho humano.
  • Creación del Observatorio del Agua, como instrumento de participación y control ciudadano.
  • Revisión de los convenios suscritos al amparo de la Ley 3/2008 para adecuarlos al nuevo modelo de gestión.

El objetivo de esta Ley es establecer un nuevo modelo de gestión en el Canal, que evite las disfunciones, arbitrariedades y malas prácticas constatadas en los 5 años de funcionamiento de Canal Gestión S.A. (opacidad, ánimo de lucro, impunidad, utilización de sus activos para fines privados, corrupción, nepotismo, precarización de las plantillas, disminución en inversiones de mantenimiento de infraestructuras, encarecimiento de las facturas, aumento de los cortes de agua, etc). Es decir, cambiar el modelo actual implantado por el gobierno del PP, que ha facilitado las actuaciones irregulares y las tramas de corrupción que hoy están aflorando a través de las actuaciones judiciales.

El próximo lunes 5 de junio, la Mesa de la Asamblea de Madrid decidirá sobre la tramitación del citado proyecto de Ley, que cuenta con un informe desfavorable del Consejo de Gobierno en el que se pide su no tramitación, por considerar que podría suponer un gasto de 1.133 millones de euros, cifra que se evalúa de forma poco rigurosa y no se acredita técnicamente.

El informe del Consejo de Gobierno carece de rigor, introduciendo términos no incluidos en el proyecto de ley, como la creación de un nuevo ente público, cuando ya existe en la actualidad, o la necesidad de reembolso anticipado de los bonos emitidos por la sociedad mercantil (500 millones de euros), cuando esta deuda no la tiene la sociedad anónima, sino el ente público Canal de Isabel II, como quedó claro en el último informe de la Cámara de Cuentas.

Su objetivo es justificar el rechazo del proyecto de ley aduciendo que su implantación supondría un alto coste no asumible y así evitar su discusión en la Asamblea de Madrid, cuando, en realidad, si los estudios, informes y trabajos necesarios para desarrollar la ley los realizan técnicos de la propia administración autonómica y no se contratan bufetes y sociedades anónimas con minutas millonarias (como se hizo al crear Canal de Isabel II Gestión S.A.), el coste económico de su aplicación sería irrelevante.

Dada la composición de la Mesa (3 PP, 2 PSOE, 1 Podemos y 1 Ciudadanos), el voto de Ciudadanos será decisivo y existen dudas de que, finalmente, apoye la tramitación de esta propuesta de Ley. La Plataforma ha mantenido reuniones con representantes de este partido desde hace varios meses, quienes, tras pedirnos unos días para estudiarla, nos han contestado presentando un proyecto de ley alternativo en el que, aunque prohíbe la entrada de capital privado en su accionariado, sigue manteniendo la sociedad anónima y el nefasto modelo de gestión actual, lo cual es a todas luces insuficiente para poner freno a las arbitrariedades y a la corrupción, así como para asegurar un servicio público, transparente, sostenible y de calidad.

A Ciudadanos se le ha trasladado, por parte de la Plataforma, la necesidad de implantar el nuevo modelo de gestión que se incluye en el texto normativo propuesto. Este nueva Ley es coherente con los criterios generales del derecho humano al agua, en tanto que asume como ejes fundamentales la participación efectiva, la transparencia y la rendición de cuentas.

La Plataforma espera que Ciudadanos anteponga el interés general de reversión de la privatización del Canal de Isabel II, a los intereses que se desprenden de su acuerdo de gobierno con el Partido Popular y no paralice la tramitación de la propuesta de ley, hurtando, así, este debate fundamental en la Asamblea de Madrid.




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