Ha terminado el plazo, establecido por la Comunidad de Madrid, para presentar “opiniones” a la iniciativa de modificación de la Ley de Medidas de Política Territorial, la que permite la implantación de macrocomplejos como Eurovegas.
Ecologistas en Acción acusa al Gobierno regional de falta de transparencia y de utilizar el mes de agosto para reducir la participación en el proceso. La organización teme que en realidad, se esté confeccionando un traje a medida para un nuevo proyecto.
Del 2 al 16 de agosto ha sido el momento elegido por la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Medio Ambiente para someter a consulta pública la iniciativa de modificación de la Ley 9/1995 de Medidas de Política Territorial, Urbanismo y Suelo. Quince días naturales, en agosto incluyendo el puente de la Asunción de la Virgen. Uno de los periodos del año en el que más personas disfrutan de vacaciones y, por tanto, en el que la probabilidad de participación es muy baja.
No es la primera vez que se modifica esta Ley, una de las más polémicas fue en diciembre de 2012, durante la presidencia de Ignacio González. En aquella ocasión se aprovechó la tramitación de los presupuestos y la Ley de Medidas Fiscales para introducir profundos cambios. Entonces se crearon los polémicos centros integrados de desarrollo (CID), complejos que tiene por objeto la prestación integrada de actividades turísticas, de congresos, de ocio, espectáculos, juego, etc. En ese momento se diseñaron a medida del macroproyecto que Sheldon Adelson pretendía levantar en el norte de Alcorcón, conocido popularmente como Eurovegas. Es la regulación de estos complejos, lo que ahora plantea modificar el Gobierno de Cifuentes.
El pasado 25 de julio, el Consejero de Presidencia anunciaba la modificación de la Ley de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo. Once días después, la iniciativa, se ha expuesto a consulta pública. Sin embargo, Ecologistas en Acción teme que el objetivo real del Gobierno de Cifuentes sea cambiar las costuras del traje hecho a medida a Eurovegas para adaptarlo a un nuevo proyecto.
Y es que la decisión del Gobierno regional ha sido repentina. La nueva norma no se encuentra incluida entre las previstas en el Plan Anual Normativo 2018 y tampoco está entre las previsiones de 2017 de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, de quien parte la iniciativa.
Tampoco se explican las prisas y la «agosticidad» del plazo de consultas públicas, salvo que haya algún proyecto a la espera. En ese caso debería informarse, con transparencia, a la ciudadanía y al Parlamento regional.
Ecologistas en Acción ha aprovechado el periodo de consultas para solicitar la derogación de los CID y pedir un debate profundo sobre el modelo territorial de la región. Los CID se introdujeron sin debate, utilizando la mayoría absoluta del Grupo Parlamentario Popular, con el resto del arco parlamentario en contra y con una fuerte oposición ciudadana. No existe justificación para mantenerlos.
La organización también es crítica con la finalidad declarada oficialmente. El Gobierno regional justifica la medida para garantizar el interés general de estos proyectos. Para Ecologistas en Acción, las modificaciones propuestas de la ley 9/1995 van dirigidas a reducir los riesgos de inversión del promotor del CID, a costa de que los asuma la administración y los propietarios de suelo.
