Piden que en la Vega Baja se implante la separación en origen

El Consell asegura que, en 2018, destinará 850.000 euros para la construcción de una o dos plantas de transferencia o tratamiento de residuos urbanos, pero no será de gran utilidad si se mantienen las bajas tasas de recuperación de las instalaciones de residuos del País Valencià.

El presupuesto autonómico de 2018 incluirá, tal y como anunció el Consell el pasado 13 de julio, una partida de 850.000 euros para el plan de gestión de residuos de la Vega Baja. La inversión estará dirigida a la edificación de una Planta de Transferencia en Guardamar, confirmada por el Director General de Calidad Ambiental, o otra planta de basuras para transferencia o tratamiento que aún está pendiente de ubicación. Desde que fue clausurado el vertedero de Orihuela como consecuencia de su mala praxis y de ser objeto de investigación en las piezas judiciales del caso Brugal, la Vega Baja ha tenido que enajenar sus desperdicios hacia otros sumideros de la provincia, principalmente del municipio de Alicante, en el que las instalaciones de Foncalent y El Campello han causado un grave perjuicio a la salud de los habitantes de la zona y al entorno natural. Dado el vacío dejado en la prestación de este servicio público, Ecologistas en Acción considera que es una buena oportunidad para reflexionar sobre nuestro modelo actual, basado en los infinitivos de ’usar, tirar y enterrar’, y elaborar un plan zonal de residuos que implemente mecanismos de separación en origen de la fracción orgánica de la basura urbana y de otros materiales recuperables (plástico, cartón y papel, vidrio, etc.) a través del Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR).

Las tasas de recuperación de las plantas de tratamiento de desechos en el País Valencià son extremadamente bajas, cerca del 40 % de los residuos urbanos acaba en las celdas de vertido, por lo que la capacidad de gestión y la vida útil de dichas instalaciones queda mermada como consecuencia de un marco de actuación que no contempla la discriminación del material y que se conforma con soterrar grandes cantidades de basura con la promesa falaz de que así se solventarán los problemas generados por la polución de una sociedad que cada vez depreda en mayor medida los recursos del planeta. Si no somos capaces de pensar y aplicar métodos innovadores para la reducción de los residuos que producimos, de nada servirá la construcción de nuevas plantas de procesamiento. Es más, el camino que debemos recorrer avanza hacia la desaparición de los vertederos, tal y como marcan los objetivos establecidos por la Unión Europea para 2030. En este sentido, la separación de la materia orgánica y el sistema de retorno de envases cumplen un papel fundamental.

En la situación actual, las empresas adjudicatarias del servicio cobran por el peso de los residuos que entran en las instalaciones, sin tener en cuenta el rendimiento de las mismas en el ámbito de la recuperación de materiales para el ciclo de uso. Cualquier proceso que se da tras la llegada de los materiales supone un coste para la compañía, que se ve incentivada a tratar y separar el menor volumen de basura posible. Lo más barato es enterrarlo todo. Además, muchos envases dejan de ser reciclados o reutilizados por estar contaminados de materia orgánica líquida o sólida.

La clasificación de la fracción orgánica y la devolución de los envases para su recuperación, en cambio, reduce en gran medida la dosis de vertido y el impacto ambiental de la basura, que deja de ser sepultada, y evita que los materiales se manchen de impurezas que dificultan su reincorporación al circuito. Por eso, la necesidad de un nuevo esquema de gestión de residuos en la Vega Baja es una ocasión excelente para diseñar un nuevo modelo que respete los límites del ecosistema y salvaguarde la salud y el bienestar de las personas.




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