[Video] Comparecencia de Javier Andaluz

Comparecencia de Javier Andaluz

Comparecencia de Javier Andaluz, responsable de cambio climático de Ecologistas en Acción, para informar sobre futuras medidas legislativas sobre Cambio Climático y transición energética.

Señoras diputadas y diputados

Hoy nos reunimos para tratar el que es y será el mayor reto al que la humanidad deberá enfrentarse en los próximos años. Sobre la mesa nos encontramos no solo con la necesidad de impulsar otro modelo de producción y consumo más justo socialmente, sino con la evidencia de como la especie humana ha excedido gran parte de los limites planetarios.

Los informes del IPCC son cada vez más claros al señalar no solo el papel fundamental de la continua quema de combustibles fósiles en el calentamiento global, sino en la necesidad de una toma urgente de medidas

Pero esto no es nada nuevo.

El que les habla apenas tenía 2 años cuando se publicase el Informe Brundtland, en el que se estableció la responsabilidad de las entonces generaciones presentes de dejar a las futuras un mundo que pudiera ser vivido.

Tenía 7 años cuando Severn Suzuki se dirigiese a las naciones unidas diciendo “Hoy no he venido con ninguna agenda, estoy luchando por mi futuro, les garantizo que perder mi futuro es más que perder unas elecciones o unos cuantos bonos en la bolsa, estoy aquí para hablar por las generaciones que están por venir”

Pues aquí estamos, 30 años después, cuando las generaciones futuras ya han llegado, para ver con decepción la inactividad y la pasividad con la que nos tomamos tan fundamental lucha. Para comprobar como mientras el planeta se degradaba nuestras emisiones siguen incrementándose, desoyendo el más elemental principio del sentido común.

Para concluir como en aras de la protección de los beneficios y el servilismo a un capitalismo devorador, se ha consagrando cualquier desarrollo o solución al principio enunciado por Lebow durante los años 50: “nuestra enormemente productiva economía pide que hagamos del consumo nuestra manera de vivir, que convirtamos la adquisición de bienes en un ritual. Necesitamos que las cosas sean quemadas, reemplazadas y consumidas siempre a una velocidad creciente.” raíz del problema. Ya es un problema que compete a las generaciones presentes, es un problema real cuyos efectos son cada vez más evidentes e intensos.

Desconozco si el tiempo para una transición ordenar se agota o ya se agotó. Lo que tengo claro es que ya no valen medias tintas ni esfuerzos calmados, la realidad es que para alcanzar un 2050 descarbonizado debemos descender nuestras emisiones en un orden mayor a un 3 % anual.

La única garantía de ser exitosos en este esfuerzo debe de basarse en mediciones reales y no a trucos contables como la especulación sobre sumideros como los bosques, los agrocombustibles, que como el aceite de palma el mayor componente vegetal presente en nuestro diesel triplica las emisiones de GEI asociados. Y por supuesto basadas en medidas estructurales, y no en temporales como por ejemplo el desembalse de agua para producción hidroeléctrica durante el pasado año que ha conseguido enmascarar como el resto de los indicadores de emisiones de gases de efecto invernadero siguen incrementándose.

Aún queda mucho trabajo por hacer, especialmente en los denominados sectores difusos donde la clara apuesta de la legislación por la industrialización creciente del campo, o el descontrolado incremento continuo de los combustibles fósiles para el transporte son errores que debemos revertir. Errores que no solo cambian el clima, sino que por ejemplo, intoxican a la población por emisiones como los óxidos nitrosos, que se ven agravados por el problema de ozono con las altas temperaturas. Eventos de contaminación que irán en incremento con los efectos del cambio climático. Y aquí vemos como Barcelona es la ciudad de Europa con más densidad de vehículos por kilómetro cuadrado. Esto hace que tenga el doble de polución que capitales como París o Londres.

En este sentido el Gobierno español debe reconsiderar la postura que está manteniendo en Bruselas, así, un reciente ranking the carbón market watch y transport and Environment sitúa la posición negociadora de España entre las peores del conjunto de la unión europea, solo superada por Polonia.

En primer lugar un compromiso de reducción del 26 % respecto a 2005 no está a la altura de los esfuerzos requeridos, de hecho, el cambio del año de referencia de los compromisos a 2005, año de máximas de emisiones, otorga la posibilidad de seguir incrementando nuestra huella de carbono más allá de 2020, lo que parece lejos de la responsabilidad climática de este país. Necesitamos definir presupuestos de carbono más ambiciosos e innegociables si queremos evitar que la temperatura global suba por encima de los 2 ºC.

No solo es necesario esta reconsideración de nuestros esfuerzos, sino que además es importante hacer pública la posición negociadora del país, para evitar que la posible defensa de nuestro gobierno de retrasar 1 año la trayectoria de descenso de las emisiones, incluir huecos legislativos a través de trampas como el uso de los bosques dentro de la contabilidad de esfuerzos en el sector de difusos o no mostrarse beligerante contra aquellos países que pretenden intercambiar créditos entre sectores regulados y difusos, puede suponer enormes trabas a la acción climática europea impidiendo el cumplimiento del Acuerdo de París.

La buena noticia es que no necesitamos esperar a nuevas tecnologías, ya existen y ya marcan el camino a seguir, lo que nos falta es la ambición necesaria para que pasen de ser alternativas a ser la realidad cotidiana de la población. A ser además, soluciones específicas para otros problemas como la pobreza energética, ya que tal y como reconoce la Declaración de Rio de Janeiro el primero de los problemas ambientales es la pobreza.

Lo que es inviable en el mundo actual es seguir definiendo mediante conceptos productivistas cuestiones clave como el trabajo, desoyendo el papel fundamental que juegan para la reproducción de la sociedad y para el clima las personas que deciden dedicar su vida a labores como los cuidados.

Del mismo modo la eterna excusa del trabajo no puede contrapesar las medidas contra el cambio climático, porque el único futuro posible, incluyendo el único trabajo posible será aquel que sea capaz de frenar el cambio climático, ya que de seguir con la huida hacia adelante reinante hasta el momento solo supondrá acercarnos al filo del abismo que hemos provocado.

TRANSPORTE

En estos momentos y según el último avance de emisiones realizado por el gobierno español, es el sector del transporte el mayor generador de emisiones de gases de efecto invernadero con casi 86 GtCO2 equivalente. Si bien el crecimiento del transporte ha sido constante a lo largo del último siglo, ha sido después de los años 60 cuando el incremento extraordinario de las distancias recorridas por personas y mercancías ha disparado un modelo económico caracterizado por la enorme dependencia por el transporte motorizado en su mayoría fósil.

Aunque muchos de los planes urbanos lo ignoren casi la mitad de los desplazamientos que hacemos son andando, y el 62,8 % de las emisiones de este sector corresponde a los desplazamientos viarios siendo el 62,4 % atribuibles al automóvil y una gran parte de ellas atribuibles a los desplazamientos cotidianos de casa al trabajo.

La transformación de las ciudades compactas a ciudades dispersas, a barrios periféricos o incluso la transformación de regiones a espacios metropolitano-regionales pensados desde la óptica del automóvil son las realidades que se necesita cambiar. Debemos recuperar la sabiduría popular que durante milenios ha tenido más clara la forma en la que el urbanismo contribuye a nuestra adaptación al entorno.

La ley de Cambio Climático debe de abordar la reducción de las emisiones asociadas al transporte a través del establecimiento de los pilares de una ley de movilidad sostenible que obligue a la reducción del transporte motorizado. España es un país sobremotorizado, de hecho, solo necesitaríamos menos de la mitad de la flota de coches actuales para sacar a toda la población del territorio.

Esta normativa debe de Incorporar objetivos concretos de reducciones específicas en el transporte, y situar en el centro de las normativas municipales y regionales a los peatones, la bici y el transporte público. Excluyendo progresivamente el espacio que ocupan los vehículos en nuestra ciudades.

En este sentido las peatonalizaciones de las calles, la limitación de circulación en los cascos urbanos a 30 km/h, el establecimiento de redes intermodales de vías ciclabes, espacios peatonales y transporte público, una fiscalidad para un transporte más racional o la regulación de los sistemas para compartir vehículos (carsharing y carpooling) que deberían ir reduciendo gradualmente la dependencia al vehículo privado.

La electrificación de una parte del transporte es importante especialmente en lo relativo a la red ferroviaria convencional como medio de transporte más sostenible para las personas y las mercancías. Sin embargo, el modelo de Alta Velocidad impulsado durante los últimos años, ha originado efectos adversos como el abandono y cierre de numerosas vías y estaciones.

Es necesario por tanto otorgar racionalidad hasta este sistema, y la ley de cc puede jugar un importante papel en este sentido, dando un impulso al tren convencional y a su electrificación, recordar que todavía faltan más 5000 km de vías por electrificar, lo que equivale a 1/3 de la red.

Esta ley también debe abordar una moratoria de las grandes infraestructuras, ya que el exceso de estas ha dejado en el olvido la conservación y mejora de otras redes de vital importancia en la lucha contra el cambio climático. Durante los últimos años hemos construido por encima de nuestras posibilidades, por ejemplo, entre 1992 y 2012 se han construido diariamente más de 1,2 km de autovías o autopistas, casi un cuarto de km de AVE, 800 m de gaseoductos o 1,4 km de líneas de alta tensión, además del incremento de aeropuertos, muchos de ellos todavía sin usar o un incremento del 40 % de la capacidad de nuestros puertos.

Esta ley debería tasar con claridad bajo que condiciones se hacen necesarias nuevas infraestructuras, ya que en la actualidad este planeamiento poco o nada tienen que ver con las necesidades reales, véase por ejemplo el sistema de radiales de Madrid. Unas infraestructuras con un alto coste climático, así el coste energético medio de estas infraestructuras entre 1993-2012 ha sido de 4.850.617 tep que si asumimos que en su mayor parte provienen del uso de petróleo estaríamos hablando de unas 14 GtCO2eq (factor de conversión de 2.9).

ENERGÍA

El segundo de los sectores con una contribución mayor al cambio climático es la producción de energía eléctrica, con más de 71 GtCO2eq el pasado 2016.

Es evidente, la importancia fundamental de este sector en la transformación que necesitamos para frenar el cambio climático. Toda discusión en el futuro energético del país debe de abordar como se producirá la reducción inmediata de las energías fósiles en el sistema eléctrico hasta su completa eliminación no más tarde de 2050.

Una definición que compete a toda la población, en la que la sociedad civil tiene mucho que decir. Por ello, consideramos que la elección del comité de expertos realizada por el Ministerio de Energía para la definición del futuro mix energético español, no representa la pluralidad de la sociedad española, no solo por el enorme peso que los representantes de los sectores fósiles como el carbón, el acero o la nuclear, sino que además excluye la participación de la sociedad civil y de las mujeres. No hay ni una sola mujer y ni un representante de grupos ecologistas.

Es precisamente la definición de la evolución del mix energético la medida más eficaz para reducir las emisiones del sector. Por ello, esperamos que haya un proceso de participación real antes de la presentación en diciembre ante la UE del PICE, para exponer que es necesario que el planeamiento energético se base en:

  • El establecimiento de calendarios de cierres de centrales de carbón, nucleares y gas de obligado cumplimiento. Y por supuesto no construir nuevas centrales ni infraestructuras fósiles, iniciar la desinversión en combustibles fósiles
  • Una auditoría de los costes energéticos clara que frene el injusto sistema tarifario que tenemos en la actualidad y que genera ente otras cosas, el desamparo de cientos de familias que viven en condiciones de pobreza energética-
  • El fin de los subsidios encubiertos como los pagos por capacidad, transición a la competencia o las ayudas a la desnitrificación de las centrales térmicas algunos de ellos ya reprobados por la propia UE. Del mismo modo es necesario eliminar el marginalismo para la fijación de precios a la electricidad, de hecho, difícilmente podremos evaluar cuál es el efecto económico del cierre de las centrales cuando toda la energía se basa en el precio del gas, independientemente de si se producen 1 o 2000 Gw de renovable. Afirmaciones como que el cierre de nucleares subiría el precio de la luz se basan en la falta de voluntad política de crear un sistema que refleje los costes reales de la energía, además, impide el desarrollo de las renovables limitando que las ventajas de estas tecnologías como su menor precio se trasladen a la población.
  • Necesitamos ahondar en la democratización de la energía, para ello, el primer punto muy conocido por muchos de los partidos presentes, es la eliminación de toda la política contraria a las renovables que provocó en este país un frenazo en su desarrollo, en especial el tasazo solar. Y necesitamos precisamente incentivar ese derecho al auto consumo frente a los sistemas centralizados que vierten grandes cantidades de energía de la red.
    La ley de CC y TE debe de abordar la necesidad de anteponer proyectos comunitarios de instalación de energías renovables y distribuidas frente a las grandes instalaciones del oligopolio eléctrico. De esta forma en las subastas para la instalación de energías renovables se debe priorizar estos proyectos descentralizados frente al sistema actual que favorece a las grandes empresas del sector, como Iberdrola, Endesa, o Forestalia.
  • Hacer una evaluación real de que supone la “seguridad de suministro”, se debería definir con claridad bajo que circunstancias se dimensiona esa seguridad de suministro. Cabe recordar que en la actualidad España tiene mayor capacidad instalada (más de 100.000MW) que la demanda eléctrica máxima (en torno a 45.450 MW máximo histórico de diciembre de 2007) [1]. A la vista de ese sobredimensionamiento de la potencia instalada se hace evidente que difícilmente en la situación actual puede ser justificable la paralización del cierre de cualquier central no renovable (carbón, nuclear, gas,…), y como se esgrime falsamente la excusa de la seguridad de sumnistro, cuando esta ya está asegurada.

Por tanto, y al amparo de los acuerdos de París firmados por el gobierno español, el establecimiento de un calendario de cierre de estas centrales no renovables debería ser prioritario en la planificación energética española. Lo que es posible hoy.

Es el carbón el mayor emisor de gases de efecto invernadero con una proporción en torno a 1 kgCO2eq/Kwh por lo que es imperativo proceder a su cierre inmediato. Unir planes alternativos de desarrollo a la extracción o quema del carbón es erróneo, ya que los millones de euros invertidos en pagos compensatorios igualmente podrían haber ido a los trabajadores sin necesidad de extraer 1 g de carbón.

Además en aquellas centrales que han apostado por la instalación de sistemas de desnitrificación o desulfuración se producirá el efecto indeseado de seguir emitiendo enorme cantidades de GEI, e incluso mayores debido al incremento del consumo propio de la central o de una disminución del rendimiento de la combustión.

Aunque cada vez surgen más voces que hablan de la posibilidad de reducir estas y otras emisiones de CO2, en base a la captura transporte y almacenamiento de carbono no es real. Y es que, dejando aparte todas las cuestiones sobre seguridad impacto ambiental, especialmente debido a las posibles fugas de CO2, es que, esta tecnología no esta aún disponible, ni lo estará en plazo para las centrales a las que aquí nos estamos refiriendo.

No podemos olvidar que en estos momento no existe ningún proyecto de captura de carbono dentro del plan europeo de financiación, el llamado NER300, especialmente en estos momentos, cuanto el último proyecto en esta “carrera” el británico White Rose, ha sido abandonado por totalmente inviable, después de haber gastado (con parte de las ayudas europeas) 100 millones de libras de ayudas públicas estatales.

A pesar de los intentos de la industria por maquillar el impacto de la nuclear en el cambio climático, el informe de Benjamin K. Sovacool basado en 103 estudios del ciclo nuclear, en los que se excluye la gestión de miles de años de sus residuos radiactivos de alta intensidad ni el enorme coste que supondría un grave accidente nuclear como el que sucediese en Chernóbil o Fukushima, concluye que su huella de carbono es de 66 gCO2eq/kWh, un dato elevado al compararse con el resto de energías renovables que como la eólica es de 10 gCO2eq/kWh.

Aunque son sobretodo los problemas de seguridad los que justifican esta jubilación nuclear a los 40 años. Pongamos un ejemplo los fallos recurrentes de los generadores de vapor de los reactores de Almaraz, que una vez sustituidos por completo han vuelto a dañarse. Por ello pedimos la no renovación de los permisos en vigor, de forma que se proceda al cierre de los reactores antes de que cumplan 40 años. En este sentido resulta inadmisible la modificación unilateral por parte del Ministerio de energía del proceso de renovación de estas autorizaciones.

Si bien es cierto que el gas puede jugar un papel fundamental en la lucha contra el cambio climático, nuevamente nos vemos con la necesidad de aplicar una moratoria a las infraestructuras gasísticas si queremos reducir nuestras emisiones de GEI. Al calor de la burbuja inmobiliaria, que aumentó la demanda de gas natural para uso doméstico se planificaron unas infraestructuras gasísticas sobredimensionadas.
Nuestro país tiene más del 30 % de la capacidad de regasificación de toda la UE. Es de hecho el 4º país del mundo en capacidad de regasificación. Sin embargo estas plantas de importación de gas nunca han funcionado a más del 40 % de su capacidad. Al ser el sistema gasista español un sistema retribuído, donde a las infraestructuras que entran en la planificación gasista se les tiene que asegurar la recuperación de la inversión y una rentabilidad razonable al promotor, al margen del uso final que tenga la infraestructura, se estimuló la presentación de más y más proyectos que entraban en una planificación excesivamente optimista, cuyo resultado son unas infraestructuras infrautilizadas que hay que seguir pagando aunque se usen poco o nada, como el almacén de gas Castor, que nos va a costar 3200 millones de euros que estaremos pagando durante 30 años, o la regasificadora de El Musel, en Gijón, que una vez construida fue puesta a hibernar por Decreto-Ley al reconocerse que no era necesaria, lo cual nos cuesta 24 millones de euros al año.

Al mismo tiempo, en este país ha habido una burbuja de construcción de centrales térmicas de gas de ciclo combinado para producir electricidad, absolutamente desproporcionada, hasta el punto que estas instalaciones funcionan hoy tan solo a un 13 % de su capacidad. A pesar de ello cobran unos 700 millones de euros al año en concepto de pagos por capacidad. Costes que se imputan nuevamente al consumidor, esta vez a través de la factura de la electricidad.

Aunque poner fin a esta burbuja del gas es fundamental vemos como en lugar de reconducir el modelo energético hacia las renovables el estado español sigue apostando por más gas. Plantea, por ejemplo, una nueva interconexión con Portugal o duplicar la capacidad de interconexión con Francia, a través del MidCat.

Tampoco podemos obviar como muchas de las instituciones del país se convirtieron en adalides de los nuevos combustibles como el fracking reformando la ley de hidrocarburos y ofreciendo ventajas económicas a quien facilite la actividad. Si la ciencia indica que de quemar todos los combustibles fósiles descubiertos nos conduciría a un calentamiento global de terribles consecuencias ¿No resulta demencial seguir permitiendo nuevas exploraciones o técnicas? ¿No nos conduciría a pagar una factura social cada vez más cara?

Debemos de abordar también la pregunta de cuanta energía necesitamos para vivir en condiciones de dignidad, sin excluir a nadie. La respuesta nos mostrará la necesidad de reducción de nuestro consume, y ese debe de ser uno de los objetivos de la ley.

Para ello, no solo necesitamos eliminar consumos superfluos y adaptar la producción a la demanda. Sino que necesitamos también poner en marcha a un ritmo acelerado cuestiones claves como la eficiencia energética. Muy especialmente la referida a la rehabilitación energética de viviendas que suponen un 40 % del consumo energético. Unas medidas que deben abordarse no desde la óptica de facilitar a quien lo desea esta rehabiliación, sino desde la perspectiva de que esta rehabilitción tiene también una función social. Son precisamente las viviendas de las personas con menos recursos las que están en peores condiciones de aislamiento, por tanto, poner el foco sobre esta población permitiría abordar dos problemas estructurales el cambio climático y la pobreza.

AGROECOLOGÍA

Durante más de 10.000 años la Agricultura se ha caracterizado por el uso renovable de los recursos disponibles, sin embargo, a día de hoy es responsable en España de más de 35 GTCO2 equivalente. El actual sistema agroalimentario ha transformado la agricultura en un proceso industrializado dependiente de grandes cantidades de energía y emisor neto de GEI. Estas emisiones se deben a la utilización de grandes cantidades de fertilizantes, el disparatado crecimiento de una ganadería intensiva que deforesta tierras y las rotura para la obtención de enorme cantidades de forraje. Así, la FAO establece que los agricultores de los países industrializados invierten una media de 5 veces más de energía industrial para la obtención de 1 kg de cereal que los campesinos africanos.

Por ello, esta ley de cambio climático debe de frenear esta industrialización y proteger los modelos de agroecología y agricultura familiar sostenible. En este sentido,

Unirse a la iniciativa 4/1000: Suelos por la seguridad alimentaria y el clima. Necesitamos aumentar la cantidad de carbono almacenado en los suelos, del orden de 4/1000 en el carbono almacenado en el suelo, lo cuál es crucial para conseguir el objetivo a largo plazo de de limitar el incremento de la temperatura media global a un máximo de 1,5 ºC o 2 ºC, mejorar la fertilidad y capacidad de producción de los suelos. Esta iniciativa, tiene como objetivo asegurar que la agricultura juega su papel para mitigar el cambio climático.

Producción 100 % agroecológica que sustituye el uso de fertilizantes derivados del petróleo por una fertilización orgánica basada en rotaciones de cultivo y abonos verde con leguminosas, compost de estiércol animal y/o restos vegetales. Debemos de establecer en la ley de cambio climático los pilares normativos y fiscales que permitan reorientar el consumo alimentario hacia estos patrones de sostenibilidad .

Instauración de políticas de apoyo a la ganadería extensiva, especialmente la trashumante. La ganadería extensiva tiene una huella menor en términos de combustible fósil. El metano tiene un mayor efecto invernadero a corto plazo. La ganadería extensiva no compite por tierras de labor y minimiza el uso de pienso, de manera contribuye a emisiones por cambio de uso del suelo y, bien gestionada, contribuye a la fijación de carbono en el suelo.

Del mismo modo lo usos energéticos no pueden seguir compitiendo con los alimentarios. Además el informe Globiom presentado por la UE mantiene claramente que el impacto de la mayor parte de los agrocombustibles genera mayor cambio climático que mucho de los fósiles a los que sustituye, este es por ejemplo el caso del agrodiesel de palma, que además tiene importantes efectos sociales como la explotación de los trabajadores del sector. Por ello seguir manteniendo objetivos de inclusión obligatoria de estos aceites en los combustibles no hace más que agravar nuestra huella climática. La ley de Cambio Climático debería ser más ambiciosa en este sentido eliminado la contribución de estos aceites en los compromisos climáticos a 2030

AGUA

Pero sin duda el cambio climático se manifestará en los próximos años con una reducción importante de los recursos hídricos, de hecho los planes hidrológicos lo contemplan aunque en unas cifras de reducción muy por debajo de las esperables. Siendo incluso más bajas de las que ya se han experimentado si comparamos el periodo de 1996-2006 con las décadas anteriores. Todo apunta que a principios de la década de 2020 contaremos con un 20 % menos de los recursos hídricos disponibles durante los años 60.

Por ello, una ley de cambio climático debe de marcar con claridad la necesidad de adaptarse a este horizonte, así, dejar de tratar con medidas de carácter excepcional situación como las sequías que la ciencia indica que se harán cada vez más frecuentes.

Así el papel de la eficiencia y la reducción de la demanda son clave, sin embargo, la ley de cambio climático no debe olvidar la realidad de que el 80 % del consumo se debe al regadío. De esta forma esta futura ley no sólo debe impedir nuevos desarrollos de regadío, sino que además debe de incorporar un planeamiento específico para reducir mediante la modificación entre otros de los planes hidrográficos las algo más de 4.000.000 ha a 3-3.200.000 ha de regadío que garantizarían cubrir las demandas de la sociedad española.

También es necesario adaptar las normativas de desembalse, o de los sectores urbanísticos o turísticos para ajustarnos a las consecuencias que con certeza sufriremos a causa del calentamiento global. Un cambio donde la transición a modelos agrícolas de secano y más resistentes a la sequía requerirá el apoyo de la administración pública para que las afecciones sociales sean las menores posibles.

INDUSTRIA

Parece difícil, que el mismo sistema que nos ha traído a la situación actual sea también la solución a esta enorme problemática. Ajustarnos a un presupuesto concreto de carbono no puede estar suspeditado a la voluntad de los actorEs fósiles mediante sistemas de asignación y mercado. En este sentido ya hemos observado como el sistema ETS ha servido para introducir un gran numero de huecos, de compensaciones económicas para las grandes empresas y limitando el desarrollo de otras normativas. Prueba de la ineficiencia de estos mercados es el ridículo precio de 7 euros por tonelada de carbono, si la multa es menos costosa que el coste de la reconversión es difícil que la propia voluntad empresarial entienda la necesidad de este cambio.

Del mismo modo los tratados de libre comercio como el CETA recientemente aprobado en este congreso, no hacen más que incidir en la huella climática del transporte y permitir la entrada masiva de productos con menores requerimientos ambientales y sociales a nuestros mercados. ¿No debería acaso una ley de cc impedir al menos que productos que no cumplen los requisitos legales del país crucen nuestras fronteras?

GOBERNANZA

Aunque resulta obvio que el cambio climático nos atañe a toda la ciudadanía, esto no parece impregnar el proceso de toma de decisiones. Si bien es cierto, que creemos que este proceso de tramitación de la ley de cc debería contar con un marco de participación grande, como fuese la ley grenel en Francia, nuevamente llegamos tarde. Además mucho de los órganos encargados de esta ley son meramente consultivos ya que la propia administración pública los define de forma que el juego de mayorias evite que voces como las de la sociedad civil puedan ejecutar con efectividad la labor de control y participación que les corresponde. Sirva como ejemplo que hace ya casi 2 años que no se ha convocado ningún CNC.

Es la propia naciones unidas la que hace un especial hincapié en la consideración de colectivos como la infancia o la mujer dentro del proceso de toma de decisiones en materia climática, por ello es necesario abrazar un significado más amplio de lo que significa la participación mediante la creación de nuevos órganos y herramientas para escuchar las voces de aquellas personas que sufrirán con mayor virulencia los efectos de este cc.

Seguramente podríamos seguir durante unas cuantas horas detallando sector por sector más medidas para la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, al final todo se resume en que sean cuales sean las medidas desarrolladas consigan al menos tres efectos:

  1. Reducir en términos netos nuestra demanda energética, el consumo actual es insostenible. Solo podremos frenar el cambio climático si reducimos la cantidad de energía que consume un español pasando de las 2,42 tep actuales a 1 tep o menos. Seguir permitiendo un crecimiento constante de nuestra demanda energética es una irresponsabilidad ya que provocará que en un futuro no lejano este suministro será imposible, incluso con el pleno desarrollo de las renovables. Como hemos visto, ni existen ni se esperan soluciones tecnológicas capaces de saltarse estas restricciones físicas del planeta.
  2. Eliminar de forma constante e inexorable nuestro consumo de combustibles fósiles. Una eliminación que debe de hacerse independientemente del despliegue de las renovables, o de la evolución del mercado de trabajo. De hecho, solo podremos dar comienzo a la revolución climática que necesitamos cuando los combustibles dejen de ocupar el espacio central del metabolismo social. Sino nos condenaremos a una espiral de degradación ambiental, donde la paradoja de Jevons, es decir que el aumento de la eficiencia o de las renovables solo sirve para incrementar nuestro consumo, nos llevará a un calentamiento global muy peligroso.
  3. El cambio de lo local a lo global, necesitamos revertir el alargamiento de cadenas de transporte impedir la deslocalización industrial a países como China, por ejemplo, o dejar de importar alimentos producidos en lugares lejanos cuando tenemos capacidad para producir esos mismos alimentos desde entornos mas cercanos y de una forma mas respetuosa con el medio ambiente. Apoyando además economías locales que han sido olvidadas por una industrialización creciente del campo y el éxodo rural.

No voy a obviar que el cambio necesario es de una magnitud inmensa y requiere de altura de miras. Por tanto, señorías, les pregunto si están dispuestos a poner al país a la vanguardia de la lucha contra el cambio climático o si van a seguir confiando en falsas soluciones para mantener un modelo de producción y consumo que nos ha traído a la situación actual. ¿Dejarían en manos del mercado la responsabilidad de acometer semejante cambio?

No nos basta con pequeños parches en el camino, ni con grandes palabras oidas muchas veces en mitines y declaraciones de los políticos, porque en el fondo el liderazgo climático solo se mostrará a través de las acciones, El momento es crucial y en pocos años veremos si las consecuencias de las decisiones que se tomen en los próximos meses nos condenarán a catastróficas consecuencias o si permitirán el desarrollo de una sociedad acorde con los limites planetarios y solidaria con todos los seres vivos que compartimos el planeta

Muchas gracias sus señorías por estos minutos




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