Decenas de fincas de celebración de eventos ilegales a debate en la Asamblea de Madrid

En el pleno que se celebra hoy en la Asamblea de Madrid, se debate la proposición de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos para derogar un artículo de la Ley de Medidas Fiscales de 2012 que permite la celebración de eventos en fincas rústicas protegidas. Empresarios de la hostelería, Ecologistas en Acción y vecinos afectados llevan años denunciando este tipo de fincas por competencia desleal, impacto ambiental y problemas de convivencia. El Grupo Parlamentario Popular se opone a la derogación y Ciudadanos no se ha pronunciado.

El artículo 9 de la Ley 8/2012 de Medidas Fiscales y Administrativas, permite la celebración de eventos en fincas rústicas, independientemente del grado de protección del suelo, incluso en espacios protegidos. Bajo la denominación de “celebración de actos sociales y eventos familiares de especial singularidad”, se enmascara el uso hostelero para organizar fiestas y banquetes que congregan a varios centenares de personas. Lo más habitual son celebraciones de bodas.

Este artículo se introdujo para legalizar decenas de fincas, muchas de ellas propiedad de la nobleza española, que realizan esta actividad sin autorizaciones. Desde el año 2007, Ecologistas en Acción, asociaciones de empresarios de la hostelería y vecinos están denunciando esta actividad sin que se tomen medidas disciplinarias, ni por parte de los ayuntamientos ni de la Consejería de Medio Ambiente.

Estas fincas se localizan en zonas de alto valor ecológico, proliferan en el Parque Regional del Curso medio del río Guadarrama y en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, en zonas fluviales, incluidas en espacios protegidos Red Natura, como el río Jarama o el río Tajuña. Se autorizan sin realizar estudios de impacto ambiental, sin valorar el efecto de la masificación, compactación de suelo, ruidos, luces nocturnas, etc. Los eventos suelen realizarse semanalmente y concentran a una media de 400 personas, incluyendo en época de alto riesgo de incendios. Algunos municipios afectados son Madrid, Chinchón, Galapagar, Collado Villalba, Villanueva de la Cañada, Villaviciosa de Odón, Valdetorres de Jarama, Torremocha de Jarama, Torrelodones, Griñón, Colmenar Viejo, Hoyo de Manzanares, Garganta de los Montes, Rascafría y así hasta 33 municipios.

Las asociaciones Amer (Asociación Española de Empresas de Restauración) y Aehm (Asociación Empresarial y Hotelera de Madrid), se han organizado en la Plataforma de afectados por los espacios y fincas ilegales de Madrid (Feide). Los empresarios se quejan de la competencia desleal y del impacto económico que estas fincas tienen sobre sus balances económicos. Según datos de Feide, en los últimos años no se ha abierto ninguna instalación hostelera dedicada a esta actividad, sobre suelo legal. Por el contrario se han cerrado algunas.

La convivencia vecinal, en el entorno de las fincas que se dedican a celebración de eventos es muy complicada. Las fiestas semanales, con bailes y música a alto volumen, hasta la madrugada, complican la vida a sus vecinos. Las numerosas denuncias suelen caer en saco rato, ni ayuntamientos ni Comunidad de Madrid intervienen y finalmente hay que recurrir a la Justicia. En ocasiones las personas o colectivos denunciantes se enfrentan a campañas de acoso y desprestigio en los municipios en los que viven.

Por todo ello, los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos presentaron, el pasado mes de julio, la proposición de Ley de modificación de la Ley 8/2012 de Medidas Fiscales y Administrativas para derogar el artículo 9. El Grupo Parlamentario Popular se opone a la derogación y plantea una modificación que mantiene las negativas consecuencias ambientales, económicas y sociales de estas fincas. Hasta hoy se desconoce la posición del Grupo Parlamentario Ciudadanos, aunque en sus manos está el que el artículo se derogue o no dependiendo de su voto.

Ecologistas en Acción desea que finalmente el artículo 9 se derogue. En caso contrario seguirá denunciando las consecuencias de este tipo de negocios, incompatibles con la conservación y de leyes hechas a medida para beneficiar los intereses de una minoría y en contra del mandato constitucional de conservación del medio ambiente.




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