La Junta de Castilla-La Mancha acelera las expropiaciones en Abenojar, Ciudad Real.

Ecologistas en Acción de Ciudad Real. Revista Ecologista nº 94.

El proyecto de la mina de El Moto, en Abenójar, Ciudad Real, está apoyado por exaltos cargos de la Junta. La empresa que está detrás tiene vinculaciones con responsables políticos en el poder y con un entramado de empresas especulativas. La mina de wolframio y oro supondrá graves impactos y altas rentas para los especuladores.

Abenójar (1.500 habitantes) es un pueblo de Ciudad Real donde se quiere abrir una mina de wolframio y oro a toda costa. En la fiebre minera que está arrasando el Estado español, este pequeño municipio también ha sido afectado. El proyecto de la mina El Moto prevé extraer 500.000 toneladas anuales de concentrado de wolframio y oro.

Vista de Abenojar.

Ecologistas en Acción de Ciudad Real denuncia que la Junta de Castilla-La Mancha no defiende el interés público y sí apoya este proyecto minero debido a los intereses existentes en el proyecto, que tendrá graves consecuencias para la salud de las personas y el medio ambiente. Esta organización ecologista mantiene que en el caso de la mina de El Moto existe un trato de favor de la Junta de Castilla-La Mancha respecto a otros proyectos mineros. La Junta otorgó la concesión de explotación sin realizar el Estudio hídrico integral que exige la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). No solo eso, también es insuficiente la planificación del sistema de depuración del agua, con una planta de tratamiento y diversas balsas en las que se recogerán los fluidos tóxicos, mal cuantificados.

Estas deficiencias ponen en riesgo la seguridad de la población pues podría llegar a comprometerse el agua de consumo humano por escasez, en caso de una sequía como la actual o contaminación por metales pesados de alta toxicidad como el arsénico o mercurio.

Expropiaciones de tierras

Los intereses en la mina de El Moto también han propiciado que la Diputación de Ciudad Real reclame acelerar las expropiaciones de tierras de los vecinos que se oponen a ella. Un proyecto que se fomenta con la excusa de crear 175 puestos de trabajo directos declarados, cifra que será inferior. Igual ocurre con la duración estimada de la explotación,15 años [1], mientras que en la DIA figuran 18.

Nada se dice de la ‘riqueza’ que se quedará en la comarca, de los sueldos de los trabajadores de baja cualificación, ni de que tan solo se pagará en impuestos el 1 % de los beneficios de las esperadas 500.000 toneladas anuales de concentrado de wolframio y oro. ¿Es tan importante el empleo que se creará como para poner en riesgo la salud de la población y del medio ambiente? Tras quince años de explotación, solo quedará la balsa de lixiviados tóxicos enturbiando el sueño de la población y el nivel de empleo volverá a la situación actual.

Políticos y promotores juntos

El promotor del proyecto es Pedro Aránguez Ruiz, catedrático de Escuela de Minas y exdirector general de Industria de Castilla-La Mancha durante el gobierno de José Bono.

Aránguez Ruiz tiene estrechos vínculos con la Administración autonómica. Ejerce como representante y asesor de la Asociación de ITV ante la Junta y coincide con el actual director general de Industria y Minas, José Luis Cabezas Delgado, en el consejo de administración de Gas Natural Castilla-La Mancha [2]. Este último fue diputado de obras en la Diputación de Ciudad Real y es, en la actualidad, consejero en la Empresa Pública de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha (Geacam) y en la empresa de la consejera de Economía y Empleo, Patricia Franco Jiménez, presidenta del Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha S.A. José Luis Cabezas salió a la luz pública por sus charlas informativas defendiendo los proyectos de minería de tierras raras en los pueblos del Campo de Montiel, Ciudad Real, junto a uno de los promotores.

Río Tirteafuera, en Abenojar, Ciudad Real. Foto: J. A. Fuentes Santiago.

La empresa titular del proyecto de la mina de Abenójar es Mining Hill’s S.L., con domicilio en Madrid, posee un capital social de 8.000 euros [2], insuficiente para la inversión en El Moto. Es muy probable que vendan sus derechos o formen otra sociedad. Varios de los cargos que están en su consejo de administración están vinculados a un complejo entramado de empresas que confluye en Valoriza Minería S.A. (filial del grupo Sacyr), a través de Promotora de Minas de Carbón S.A., Inversiones Rio S.L. o European Tungsten Company SL, entre otras.

Entre los consejeros destacan Eligio Carlos Blanco Fernández, representante de Mining Hill’s ante la Junta, Gonzalo García San Miguel y Vicente Martín Abad, los dos últimos implicados, según Ecologistas en Acción de Madrid, en el caso de Los papeles de Bárcenas y el Parque Nacional de Guadarrama junto a otros altos directivos de Sacyr.

Negocio especulativo

Valoriza Minería desde 2015 cuenta con el apoyo financiero del fondo de inversión australiano de infraestructuras Macquarie Capital para financiar proyectos mineros en España con lo que ha expandido su actividad. En 2016 Sacyr se asoció al 50 % con el grupo canadiense Lundin Mining y compró todos los derechos de sus 24 proyectos de investigación minera, de norte a sur, en la franja occidental de España, con millones de euros de coste, cerrando el último ejercicio con pérdidas [3]. También se ha asociado con la multinacional australiana Plymouth Minerals LTD, especializada en la adquisición y venta de derechos mineros de antiguas minas abandonadas, con la ha iniciado el proyecto de la mina de litio en Cáceres.

En la provincia de Ciudad Real, el entorno de promotores de Mining Hill’s también está retomando proyectos abandonados como el de la antigua mina de San Quintín (Promotora de Minas del Carbón S.A.) o el de fosfatos de Fontanarejo (Alcudia Mining S.L) que no llegó a explotarse por falta de rentabilidad entre los años 80 y 90.

Estamos ante una oleada de minería especulativa, diseñada en despachos de la Bolsa e ideada para la continua compraventa de derechos, proyectos y autorizaciones. Esto, en España, al amparo de la Ley de Minas de 1973, es muy rentable pues la actividad minera solo tributa en impuestos el 1 % de sus beneficios.

Los últimos años de crisis en el sector inmobiliario y el abaratamiento del petróleo están facilitando la proliferación de gestores de inversiones mineras especulativas que actúan siguiendo el dictado de fondos de inversión. No escatiman esfuerzos para pasar por encima de los derechos de las comunidades locales que deben convivir con sus proyectos mineros.

Las dimensiones de esta dinámica se han multiplicado con los gobiernos del PP, que ha puesto toda la maquinaria administrativa al servicio de este boom de la minería especulativa. La Unión Europea puso en marcha en 2014 un plan estratégico “de innovación” denominado Europa 2020 con el objetivo de “impulsar el crecimiento económico” dotado de 90 millones de euros para subvencionar proyectos. Entre estos compromisos está Permitting Procedure in Spain cuyo supervisor es el exministro español Miguel Arias Cañete, ligado a empresas petroleras, y cuyo objetivo es facilitar a las comunidades autónomas el procedimiento de concesión de permisos mineros.

El caso de la mina de Abenójar no se escapa a esta estrategia. Los promotores públicos facilitan la labor de empresas mineras como piezas de un entramado al servicio del lucro especulativo y contra los derechos de seguridad, salud y medio.

-NOTAS-

[1] Análisis de situación de la minería española en el año 2014 y comienzo del 2015. I. Minería metálica. Asociación Nacional de Ingenieros de Minas. Grupo especializado en recursos y reservas minerales. AAVV. Coordinador: Carlos León Altamirano; PEAL Obra Pública, S.A. http://gerrm.ingenierosdeminas.org/informes/analisis_mineria_metalica_2014_2015.pdf

[2] Los datos de empresas y cargos de personas basados en los actos públicos inscritos en el BORME pueden consultarse en www.empresia.es

[3] https://galicia.economiadigital.es/directivos-y-empresas/sacyr-derechos-mineros_404469_102.html En esta publicación hablan hasta de 15 millones de euros por la compra de una sola empresa, Río Narcea Nickel S.A.