[Informe] El IBEX 35 en guerra contra la vida

Las grandes corporaciones tienen un poder indiscutible en el capitalismo global. Si la expansión de la globalización y las políticas neoliberales ha permitido a las empresas transnacionales consolidar su dominio durante las últimas décadas, en la actual fase de crisis del capitalismo global continúan fortaleciendo su poder a través de estrategias renovadas que buscan mantener la espiral de producción y consumo. El progresivo agotamiento de los recursos fósiles, los impactos del cambio climático, o la crisis económica y financiera fuerzan aún más a las corporaciones a buscar nuevos nichos de negocio, intensificar la mercantilización de la vida, e incorporar cada vez más territorios y sociedades a la lógica de la acumulación de capital. Las transnacionales operan en sectores muy diversos pero todas ellas comparten un rasgo común: dan prioridad a la generación de beneficios económicos por encima de cualquier proceso de reproducción de la vida. No pueden operar de otro modo.

[Informe] El IBEX 35 en guerra contra la vida

En este contexto, no es de extrañar que los conflictos socioecológicos se multipliquen, y que los territorios, los bienes comunes y la naturaleza constituyan el eje central de las disputas. El Atlas Global de Justicia Ambiental ha catalogado hasta la fecha 2.316 conflictos socioecológicos propagados por todos los continentes [1]. Así, las transnacionales son capaces de mantener sus ganancias a través de la implementación de megaproyectos mineros, petroleros, hidroeléctricos, agroindustriales o de infraestructura dirigidos a alimentar el metabolismo de la economía global, cuyos costes sociales y ecológicos recaen con mucha frecuencia sobre comunidades rurales, campesinas e indígenas.

Los ejemplos son numerosos. El proyecto hidroeléctrico de Belo Monte en Brasil, que cuenta con la participación de Iberdrola, ha provocado la afectación de 1.500 km2 de selva amazónica, la emisión de cantidades significativas de gases de efecto invernadero y el desplazamiento de cerca de 20.000 personas [2]. En Estados Unidos, el BBVA financia el polémico oleoducto Dakota Access Pipeline (DAPL) que en sus 1.770 km de longitud prevé transportar más de 500.000 barriles de crudo diarios entrañando una grave amenaza social y ecológica para el territorio de la población sioux [3]. Estos ejemplos, lejos de ser casos aislados, son una muestra de un patrón sistemático a través del cual las empresas reproducen sus estrategias de acumulación de capital a costa de degradar los territorios y las condiciones de vida de las poblaciones locales.

En este contexto, quienes se oponen a los intereses corporativos son objeto de agresiones, violencia y vulneración de derechos. Las cifras no dejan de crecer a medida que se extiende la crisis por todo el planeta. 2016 fue el peor año de la historia para las personas defensoras del territorio y la naturaleza desde que se tienen registros. De acuerdo a Global Witness, al menos 200 personas fueron asesinadas durante el último año por defender sus tierras, bosques y ríos de los intereses de grandes corporaciones; casi cuatro por semana. El 60 % de los asesinatos documentados fueron cometidos en América Latina y el 40 % de las víctimas eran indígenas [4]. Pero los asesinatos son solo la punta del iceberg de un patrón sistemático de tácticas desplegadas para acallar a quienes defienden el medio ambiente, que incluyen amenazas, detenciones, vigilancia, estigmatización y acoso, entre otras agresiones físicas, legales y sociales [5].

Estas tácticas buscan sembrar el terror. Mientras que en los lugares centrales del capitalismo hay espacios para la negociación, en las regiones periféricas donde operan las transnacionales la estrategia básica para acallar a los colectivos que resisten, compuestos por los estratos sociales más explotados –pueblos indígenas y negros, mujeres, sectores empobrecidos, etc.–, es la violencia sistemática.

Los impactos socioecológicos y la vulneración de derechos que se derivan de las actuaciones de las grandes corporaciones, más que constituir el resultado de la adopción de malas prácticas, son la condición necesaria sobre la que se asientan sus beneficios [6]. Para ello, las transnacionales se valen de un entramado económico, político, jurídico y cultural expresamente construido al servicio de sus intereses [7].

A nivel económico es evidente que las grandes corporaciones tienen un incuestionable poder. Si hiciéramos un listado de las 100 mayores entidades económicas a nivel mundial, podríamos comprobar que 69 de ellas son empresas en lugar de Estados. Las 10 corporaciones más grandes del mundo tienen en su conjunto un volumen económico mayor que el Producto Interior Bruto de 180 países [8].

Esta concentración de riqueza se sustenta, a su vez, a través de un enorme poder político que otorga a las grandes empresas una capacidad de influencia desmedida sobre las decisiones políticas dentro de los Estados –tanto en los países donde las compañías tienen su sede matriz como en aquellos donde operan– y a escala global, en las instituciones económico-financieras internacionales. La captura política por parte de las élites económicas se materializa de diversas formas: desde el lobby, pasando por el tráfico de influencias, hasta las puertas giratorias o la diplomacia económica [9].

Así las cosas, los agentes corporativos condicionan de forma sustancial la producción de marcos normativos y mecanismos jurídicos al servicio de sus intereses económicos. El comercio y las inversiones se protegen mediante tratados, acuerdos y convenios en el marco de una “arquitectura jurídica de la impunidad” [10] que blinda los intereses de las transnacionales y simultáneamente reduce sus obligaciones. La asimetría normativa es clara: “Por un lado, los derechos de las corporaciones transnacionales se blindan mediante un ordenamiento jurídico global basado en reglas de comercio e inversiones, cuyas características son imperativas, coercitivas y ejecutivas. Por el otro, sus obligaciones se remiten a unos ordenamientos nacionales que se encuentran sometidos a la lógica neoliberal, a un Derecho internacional de los derechos humanos que ha demostrado ser manifiestamente frágil y a una responsabilidad social corporativa (RSC) caracterizada por su voluntariedad, unilateralidad y falta de exigibilidad jurídica [11].

La multitud de tratados de comercio e inversión que se encuentran en negociación –como el TTIP, CETA, TISA, acuerdos comerciales como UE-Mercosur, UE-Japón y otros– así como los mecanismos de arbitraje que dejan a los Estados desprotegidos frente a los intereses de las transnacionales, ponen en evidencia la existencia de una nueva ofensiva dirigida a profundizar su poder a escala planetaria.

Por último, no hay que olvidar que las grandes corporaciones juegan un rol fundamental en la consolidación de estructuras simbólicas y discursivas. Mediante su influencia directa en medios de comunicación, en el sistema educativo y a través de la publicidad, el poder económico condiciona de forma central la construcción de subjetividades e imaginarios colectivos. Su estrategia de acumulación de capital, por lo tanto, no es ajena a la construcción de un discurso hegemónico que ensalza la economía de mercado y la sociedad de consumo, ni de la imposición de un determinado modelo de desarrollo que presenta el crecimiento económico como sinónimo incuestionable de bienestar.




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