Las ONG ecologistas, entre las que se encuentra Ecologistas en Acción, expresan su profunda decepción por el fracaso de los ministros de industria europeos que tenían la oportunidad única de aprobar una legislación que proteja a las personas y al medio ambiente de la amenaza que presentan las sustancias químicas tóxicas.

El Consejo de Competitividad ha cedido a los intereses del lobby químico y ha rechazado los avances en la protección de la salud pública y el medio ambiente alcanzados por el Parlamento europeo el mes pasado. Los ministros de industria han aceptado el “control adecuado” como válido para evitar que la sustitución de las sustancias químicas más peligrosas por alternativas más seguras sea un imperativo legal.

El “control adecuado” es la base de toda las legislación de químicos que se han desarrollado hasta el momento y que ha derivado en la “crisis química” actual que nos expone de forma constante a sustancias químicas que están provocando el aumento de enfermedades como el cáncer, el asma o las alergias y la aparición de nuevas dolencias.

El Consejo ha aprobado que las empresas químicas deberían “evaluar” la sustitución de una sustancia química peligrosa, pero no les obliga a sustituirla aún cuando existan alternativas. Este vacío legal no hará más que perpetuar el actual sistema que ha fallado en controlar las sustancias químicas más peligrosas y que impide la entrada en el mercado de productos innovadores y seguros.

El Consejo ha dejado abierta la posibilidad de que las sustancias cancerígenas, las tóxicas para la reproducción (ej.el ftalato DEHP utilizado en PVC) y los disruptores endocrinos (ej. Bisfenol-A utilizado para revestir las latas de conservas, y en CDs y DVDs) continúen en el mercado aunque existan alternativas más seguras.

El Consejo también votó reducir drásticamente los datos de seguridad que los productores tiene que proporcionar, particularmente para sustancias químicas de bajo volumen (que suponen 20.000 de las 30.000 que entran bajo REACH). Esto hará que miles de sustancias químicas se vendan en el mercado europeo aunque no se tenga información sobre sus impactos para la salud. Esta falta de información, además, reduce las probabilidades de identificar alternativas más seguras. Los escándalos como el de la reciente contaminación por una sustancia química potencialmente tóxica de leche para bebés en Europa seguirán produciéndose mientras exista esta falta de información sobre las sustancias químicas presentes en el mercado europeo.

El Gobierno español, que a través de su Grupo interministerial de trabajo sobre REACH “considera que, como principio general, las sustancias más peligrosas deben ser sustituidas por otras alternativas que entrañen menos riesgos”, ha dado de lado a la propuesta francesa que buscaba reforzar el principìo de sustitución y se ha alineado junto a los Gobiernos más conservadores de la UE y priorizado los intereses de la industria química frente a los de la protecciónd e la salud pública.

Bajo la presión de la industria química, REACH ha sido debilitado durante los últimos 4 años. Ir adelante con la obligación de sustituir las sustancias químicas peligrosas es la única oportunidad que nos queda para resolver el problema de la creciente contaminación química y para asegurar que la salud humana y el medio ambiente se protejan. Es crucial que el Parlamento reafirme su apoyo a “una sustitución obligatoria” durante la segunda lectura el año próximo.